40 años después de Tejero

Tal día como hoy hace 40 años, España sufría uno de los ataques más importantes a su recién consolidada democracia. El Golpe de Estado de 1981 a manos de Tejero marcó un antes y un después en la historia reciente de nuestro país.
Tejero exige silencio a los congresistas. Fuente: EFE / Manuel P. Barriopedro.

El reloj marcaba las seis en punto de la tarde del día 23 de febrero de 1981, dando comienzo a la segunda votación nominal para la investidura del próximo presidente del Gobierno de España, Leopoldo Calvo-Sotelo. A las 18:23 horas, momento en que debía votar el diputado socialista Manuel Núñez Encabo, un grupo de doscientos guardias civiles irrumpieron en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, con subfusiles en mano y encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero.

En ese momento, Antonio Tejero subió a la tribuna, gritando «¡Quieto todo el mundo!», y seguidamente ordenó a los diputados que se echaran al suelo. Manuel Gutiérrez Mellado, presente como vicepresidente del Gobierno y como militar de más alta graduación en el hemiciclo, se dirigió al coronel Tejero, ordenándole que se pusiera firme y le entregase el arma. Esto provocó un breve forcejeo entre el teniente general del Ejército de Tierra, Gutiérrez Mellado, y varios guardias civiles, que acabó con un disparo al aire efectuado por Tejero, seguido de varias ráfagas de los subfusiles de los asaltantes. Estos disparos hicieron orificios en el techo del hemiciclo, cuyas esquirlas provocaron algunas heridas en diputados e invitados de la tribuna.

La ciudad de Valencia fue ocupada militarmente por el teniente general Jaime Milans del Bosch, en virtud de estado de excepción. El capitán general de la III Región Militar desplegó a un total de dos mil hombres y más de cincuenta carros de combate por las calles de la ciudad.

A la una de la madrugada del 24 de febrero,​ el rey Juan Carlos I, se dirigió a la nación habituado con el uniforme de capitán general de los Ejércitos. A través de la televisión, emitió su mensaje para situarse en contra de los golpistas y defender la reciente Constitución española de 1978. Poco después, Milans dio la orden de regresar a sus unidades a los contingentes militares que ocupaban Valencia. El secuestro del Congreso finalizó a mediodía del día 24.

El rey, Juan Carlos I, en el discurso televisado. Fuente: Archivo RTVE.

Años después de aquellas fatídicas horas de ocupación en el Congreso, Francisco Laína, el hombre que ejerció de presidente en funciones durante la ocupación, aporta su testimonio en primera persona sobre los hechos. Él es, junto al rey, el único superviviente de la Junta de Defensa Nacional que, una vez finalizado el secuestro de los diputados y del Gobierno, se reunió en La Zarzuela la tarde del 24 de febrero para abordar la crisis. Las frases más destacadas de su testimonio:

«El Rey me puso en alerta: ‘¡Cuidado con la Armada!'»

«Al escuchar la cinta, al Rey se le humedecieron los ojos. Vi cómo le caían dos lágrimas por las mejillas».

«Cuando hablé con Tejero, me dijo que solo obedecía órdenes de Milans del Bosch y de Armada, y me colgó el teléfono».

«Existió una trama civil: excombatientes, falangistas, algunos empresarios. No tengo pruebas sobre el CESID».

Las huellas de los tiros de Tejero

Quizás, lo más recordado y lo más relacionado al fallido golpe de estado de Tejero sean los disparos que se sucedieron en el hemiciclo. Las imágenes de Tejero y otros dos guardias civiles disparando al techo del salón plenario del Congreso han pasado a la historia de nuestro país, representando el momento más tenso y peligroso que vivieron los diputados en sus escaños.

Desde hace cuarenta años, la huella de aquellas balas desempeña un papel clave a la hora de denunciar cualquier comportamiento antidemocrático. Después de varios estudios informes oficiales, se constata que Tejero y sus hombres apretaron el gatillo hasta en cuarenta ocasiones, de las que son visibles treinta y cinco casquillos.

Cada año, el Congreso de los Diputados abre sus puertas al público en el mes de diciembre. Los visitantes pueden contemplar la marca de un disparo del 23F, situada en una rejilla de ventilación del Salón de Plenos.

Disparos en el techo del Salón de Plenos del Congreso de los Diputados. Fuente: ATLAS.

El asalto al Capitolio y el 23F

Recientemente, se ha vuelto a hacer énfasis en Tejero y el 23F. Han sido numerosas las citas que, durante el asalto al Capitolio, se han dirigido al golpe de estado de 1981. Pese a que las comparaciones son odiosas, es difícil no cotejar ambos hechos. Desde los medios estadounidenses, se han referido como algo «fantasmagórico déjà vu» en las escenas del Capitolio, comparándolas con las del 81 en España.

Se podría decir que ambas acciones representan la violación de los principales órganos democráticos de los respectivos países. La buena noticia de la comparación es que el intento de golpe de estado de España fue un final, no un principio. Cuando fracasó, los españoles se dieron cuenta de que ya no tenían que temer a un Ejército que había sido la columna vertebral del régimen de Franco. La democracia y sus instituciones demostraron su solidez, al igual que en Estados Unidos. Los asaltantes fueron a la cárcel, aunque sus oscuros apoyos no fueron identificados ni castigados.

Izquierda. Diputados de España se echan al suelo ante los disparos el 23F. Fuente: Archivo RTVE.
Derecha. Diputados de EE. UU. se esconden en la Cámara de Representantes ante el asalto al Capitolio. Fuente: AFP / Andrew Harnik.

La ley de eutanasia es una realidad en España

El Congreso aprueba un derecho que llega a nuestro país tras años de lucha por parte de distintos colectivos que pedían libertad para morir con dignidad.

España ha visto surgir una nueva ley que refuerza el artículo 15 de la Constitución. El Congreso de los Diputados dio luz verde a la ley de eutanasia con 198 votos a favor. Un gran respaldo que solo tuvo la negativa de PP, Vox y UPN. Fueron contabilizadas, además, dos abstenciones. La votación culminó con los aplausos de los diputados presentes en el Parlamento, y la alegría de las personas que lucharon durante años por este derecho a morir con dignidad.

La pasada semana, la Comisión de Justicia del Congreso dio el visto bueno al texto definitivo que radica en la enmienda realizada por el PSOE. La cámara baja, con la presencia de unos pocos diputados —los demás votaron de manera telemática—, aprobó la ley. Ahora, es el turno del Senado, cuyo escrutinio será casi definitivo. El Ejecutivo plantea que sea vigente en los primeros meses de 2021. Según el texto, lo será tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Dicho texto contempla un «nuevo derecho individual». El ordenamiento jurídico ampara la libertad del paciente porque «no hay un deber constitucional que obligue a tutelar la vida de una persona en contra de su voluntad». Se podrá llevar a cabo de dos formas distintas: un médico pone fin a la vida del paciente que lo solicite o, si así lo desea, por ‘suicidio asistido’. Esto es, el sanitario proporcionará los recursos a la persona y le atenderá para que sea el paciente quien ejecute la eutanasia.

Para solicitar el recurso, el individuo deberá ser mayor de edad «en plena capacidad de decidir», tener la nacionalidad española o un certificado de empadronamiento que acredite una estancia en el país de al menos doce meses. Deberá padecer una enfermedad incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que conlleve un «dolor físico y psíquico insoportable» que no tenga remedio. La ley obliga previamente a informar por escrito de posibles alternativas de cuidados paliativos. Los médicos podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia, expresándolo así de manera anticipada y por escrito. La solicitud de la eutanasia será gratuita y estará integrada en el Sistema Nacional de Salud.

El debate que precedió a la votación estuvo cargado de discrepancias entre grupos parlamentarios. Por una parte, Luisa Carcedo, portavoz del PSOE, apeló a «la decisión del paciente en una situación extrema». Reafirmó que la ley es «absolutamente garantista». Rosa María Medel, de Unidas Podemos, habló de «día histórico» y la «garantía de la autonomía personal». Pese al apoyo, ERC y EH Bildu lamentaron los controles previos que, según ellos, puede convertir el proceso «en un calvario». Inés Arrimadas mostró el apoyo de Ciudadanos a la ley porque «es un derecho garantista que nos permite poner fin a nuestras vidas según nuestras propias convicciones».

En el otro extremo, José Ignacio Echániz, del PP, la considera una ley «injusta e inconstitucional», apelando a los cuidados paliativos como alternativa. Vox, que recurrirá al Tribunal Constitucional acusó, por medio de Lourdes Méndez, a los partidarios de la ley de «introducir la industria de la muerte en España».

En Twitter, el Vicepresidente segundo Pablo Iglesias y el ministro Garzón, entre otros, celebraron la aprobación de la ley.

Casi 40 años de lucha

El activismo ha sido la pieza clave para que el deseo de muchas personas de dejar la vida dignamente sea posible. Abanderando la lucha se encuentra la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que ha luchado durante 36 años para dar esa posibilidad a las personas en situación extrema. A las puertas del Congreso se encontraba un grupo de representantes de la asociación, que sonreían ante la aprobación.

Gran día para Ángel Hernández, una de las caras más representativas de la lucha. Ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple que dio su consentimiento expreso para fallecer. En octubre, la Fiscalía pidió seis meses de cárcel para Hernández. Sin embargo, el Ministerio fiscal aseguró que no mostraría oposición a un indulto. Desde el próximo año, será posible ayudar a personas como María José a poner fin a su sufrimiento de manera digna.

42º aniversario de la Constitución marcado por la pandemia

Este domingo se ha celebrado en las puertas del Congreso de los Diputados el aniversario de la aprobación de la Ley Fundamental Española. Este aniversario, al aire libre a causa de la Covid, se produce en un momento de crispación política por reformar esta ley que lleva vigente desde 1978.

España. 6 de diciembre de 1978. Nace la Ley Fundamental. En la actualidad, algunos partidos políticos se muestran a favor de modificar esta ley a causa de los nuevos tiempos que corren.

Entre los aspectos más polémicos de dicha Constitución hay que mencionar:

  • la forma política del Estado (artículo 1.3),
  • la soberanía y unidad de España (artículo 1.2. y artículo 2),
  • las lenguas (artículo 3),
  • la sanidad pública (artículo 43) tan importante ahora con la pandemia del coronavirus,
  • la Corona (artículo 56.3. y artículo 57.1.),
  • el mecanismo de investidura (artículo 99.5.),
  • el estado de alarma (artículo 116.2.) decretado de nuevo el pasado 25 de octubre,
  • el control de gasto público (artículo 135) y
  • la organización territorial (artículos 148,149 y 150).

En medio de la polémica por modificar o no esta Ley fundamental en España, ayer se celebraba en las puertas del Congreso de los Diputados el 42º aniversario de la Constitución. El acto fue celebrado en la calle a causa de la pandemia. Los principales políticos de nuestro país: el Presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros y algunos presidentes autonómicos acudieron a este acto marcado por las normas de seguridad por el Covid-19.

Presidentes autonómicos y políticos. Fuente: Twitter (@Congreso_Es)

Con mascarillas y sillas individuales separadas a 1,5 metros de distancia, como bien marcan las autoridades sanitarias y los expertos para evitar contagios, se celebró este acto entre aires de cambio por parte de algunas personalidades del mundo de la política.

Entre polémicas, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comenzaba su discurso con “Los cambios en esta celebración son insignificantes en comparación con lo que han experimentado tantos ciudadanos”, haciendo alusión a la grave crisis económica que se ha abierto como consecuencia de la crisis sanitaria que lleva azotando al país desde el pasado mes de marzo.

Los principales representantes políticos se han pronunciado a través de las redes sociales sobre el aniversario de la Constitución política, algunos reivindicando cambios, mientras que otros creen que la Constitución es la solución y no tiene que cambiarse, aunque eso sí, lleva vigente desde 1978 sin ninguna reforma. A continuación recogemos algunos tweets de los principales líderes políticos de España.

¡UN POCO DE HISTORIA!

Tras el fallecimiento el 20 de noviembre del general Franco, España entró en un período conocido como «transición» después de cuarenta años sumergidos en una dictadura tras la victoria de las tropas franquistas en la Guerra Civil Española contra el ejército republicano.

Para finalizar la transición había que llevar a cabo un cambio muy importante: la creación de una Constitución que se produjo en 1978. Fue creada el 31 de octubre y ratificada por el rey Juan Carlos I el 6 de diciembre de 1978 en el Congreso de los Diputados.

Finalmente, se convirtió en la segunda Constitución más extensa de la Historia, después de la Constitución de 1812, más conocida como “La Pepa”. Contiene 169 artículos, nueve disposiciones transitorias, cuatro adicionales, una derogatoria y una final.

Juan Carlos I en la aprobación de la Constitución. Fuente: Twitter (@Congreso_Es)

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN

Lo que piensan PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ciudadanos, Junts per Catalunya, PNV y Más País sobre la reforma de diferentes artículos de la Constitución Española de 1978.

Puntuación: 4 de 5.

Artículo 1.3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

La mayoría de los partidos prefieren no modificar el modelo actual de Monarquía Parlamentaria. PSOE, PP, Vox y Cs (forma actual de gobierno); Unidas Podemos y Junts per Catalunya (prefieren una república); Más País (establecer una ley para la Corona); PNV (una reforma y consulta a los ciudadanos).

Puntuación: 2.5 de 5.

Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Hay disputas. PSOE, PP, Vox y Cs no cambiarían nada. Mientras, Unidas Podemos, PNV, Más País y Junts per Catalunya lo harían o consultarían a los ciudadanos para decidir qué hacer.

Puntuación: 2.5 de 5.

Artículo 3

  1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
  2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
  3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Aunque divergencias de opiniones por la anterior eliminación del castellano como lengua vehicular en la docencia en la ley de Educación, ninguno de los partidos afirma o respalda que la Constitución deba regular esto. PSOE (debe regularlo el legislador, no la Constitución); Vox (debe hacerlo la ley y no la Constitución pero el castellano tiene que ser vehicular en toda España); PP y Cs (no hay que “arrinconar” a la lengua oficial); Unidas Podemos, Junts per Catalunya, Más País (aumentar la protección y el fomento de las lenguas cooficiales); PNV (en la enseñanza, las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas deben ser vehiculares).

Puntuación: 0.5 de 5.

Artículo 43.

  1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
  2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Este artículo está dentro del capítulo de Derechos y Deberes de los Ciudadanos, pero no está no en el de Derechos Fundamentales donde sí aparece la educación. Esto tiene como consecuencia que la sanidad pública esté amparada menos por la Constitución.

Los partidos políticos no han dado una solución clara todavía: PSOE (introducir el derecho a la protección de la salud en los Derechos fundamentales); PP (la sanidad española ya está entre las mejores del mundo); Vox (sistema nacional único de sanidad para evitar discriminaciones); Unidas Podemos (proteger a la sanidad pública a través de la financiación de políticas fiscales progresivas); Cs (introducir el derecho a la protección de la salud en los Derechos fundamentales y, además, destinar más recursos públicos); Junts per Catalunya (el problema es que no se cumplen los derechos que están en la Constitución); PNV (no se trata de cambiar le derecho a otra parte de la Constitución, sino cambiar su redacción); Más País (crear un blindaje constitucional en la sanidad pública).

Puntuación: 4 de 5.

Artículo 56.3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

La mayoría de los partidos están a favor de eliminar la inviolabilidad de la figura del Rey. PSOE, Unidas Podemos, Más País, Junts per Catalunya, PNV y Cs hablan de modificar el artículo para que se pueda imputar al Rey cuando cometa algún delito. PP y Vox se niegan.

Puntuación: 4 de 5.

Artículo 57.1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

La mayoría de partidos políticos (PSOE, Podemos, Cs, Más País, Junts per Catalunya y PNV) están a favor de eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona. Minetras que Vox y PP opinan que no es un debate urgente y, por lo tanto, no hay necesidad de modificarlo.

Puntuación: 4 de 5.

Artículo 99.5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

El PSOE propone dos fórmulas que evitarían el bloqueo: o celebrar una votación en la que solo se pueda votar que sí o abstención, o imitar a los Ayuntamientos (una sola votación y si no hay mayoría absoluta, el presidente es el líder de la lista más votada). Para PP y Vox esa reforma acabaría propiciando gobiernos débiles y un Gobierno en minoría no puede sacar adelante un programa electoral. Según Unidas Podemos, la clave se encuentra en buscar alianzas ya que si gobierna la lista más votada se perdería el equilibrio.

En Cs consideran imprescindible la reforma de la Ley Electoral. Junts per Catalunya no está a favor de la reforma ya que considera que la obligación de los políticos es llegar a pactos. PNV propone la supresión de que sea el Rey quien tenga que proponer al candidato. En Más País se pronuncian a favor de una reforma y que se tengan en cuenta los procedimientos de Asturias o País Vasco para evitar el bloqueo político.

Puntuación: 4 de 5.

Artículo 116.2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

Para el PSOE es innecesario recoger en la Constitución lo que ahora viene contemplado en la Ley Orgánica. Según el PP, el estado de alarma tiene que ser la última respuesta. Vox está a favor de una reforma de la Ley para regular los estados de alarma y limitar las prórrogas. Unidas Podemos está a favor de precisar algunas cuestiones pero en la Ley Orgánica. Cs pretende reforzar las garantías de control durante un estado de alarma.

Para Junts per Catalunya, el estado de alarma es una imposición y que la expansión del virus es diferente en cada territorio. PNV ve innecesario tocar la Constitución, sólo haría falta hacer ajustes en la Ley Orgánica. Más País se muestra a favor de una reforma que delimite la casuística y aumente los controles y la rendición de cuentas.

Puntuación: 2.5 de 5.

Artículo 135

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Vox, PP y Cs están a favor de mantener intacta una reforma urgente del artículo 135 que impulsó el Gobierno socialista de Zapatero. El resto de los grupos consultados (PSOE, Podemos, Junts per Catalunya, PNV y Más País) defienden la modificación del artículo.

Puntuación: 3 de 5.

Artículos 148, 149 y 150. Competencias del Estado y las autonomías.

El PSOE y Cs opinan que hay que clarificar el sistema de distribución competencial. Para el PP el problema se encuentra en la lealtad constitucional y no en las competencias.

En Vox están a favor de modificar el apartado sobre la organización territorial de la Constitución, pero teniendo en cuenta las desigualdades en educación, sanidad o justicia. Para Unidas Podemos y Más País, la clave está en avanzar hacia un modelo homologable al de otras realidades federales europeas. Por otro lado, Junts per Catalunya pretende que España deje de tener competencias en Cataluña.