El 10 de diciembre la familia Franco entregó las llaves del Pazo de Meirás que pasó a ser Patrimonio del Estado. Se encontraba en sus manos porque en 1938, Francisco Franco lo aceptó como regalo. Sin embargo, la naturaleza de esta donación es dudosa, algo que ha desencadenado años de investigación y vigilancia para reclamar su reversión a lo público.
Los pazos son un tipo de casa solariega tradicional gallega de carácter señorial, cuyo origen se encuentra en los castillos medievales —de hecho, la palabra portuguesa, lengua cercana al gallego, para decir “palacio” es paço. Muchos estudiosos apuntan que consistían en antiguas torres que serían ampliadas para crear ambientes más confortables en la época moderna. De este modo, cobraron gran importancia entre los siglos XVII y XIX y, con el tiempo, se fueron convirtiendo en una marca social y un refugio para la nobleza.
Todo esto recuerda a relatos fantásticos del arcaico mundo medieval. Sin embargo, en pleno siglo XXI, uno de los pazos más importantes debido a su fuerte carga histórica ha estado en manos de una familia española muy famosa: la familia del dictador Francisco Franco. Se trata del Pazo de Meirás, situado en Sadas, municipio de la provincia A Coruña, Galicia, y cuya construcción fue emprendida en 1893 por la célebre escritora Emilia Pardo Bazán.
A la muerte de la literata gallega, le sucede la de su hija Carmen. Y, posteriormente, el asesinato de su hijo Jaime. Su legado quedó en manos de su hija Blanca, con cuya muerte se extinguió la familia al no tener descendencia. Perteneció también a la viuda de Jaime, Manuela Esteban-Collantes y Sandoval.
En 1938, durante la Guerra Civil, este pazo fue «donado» a Franco. Aunque realmente no fue así: el 3 de marzo de 1938 se creó la ‘Junta pro Pazo del Caudillo’, compuesta por el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña para adquirir un inmueble de gran importancia histórica y ponerlo a disposición de Franco, quien lo utilizó como residencia veraniega. La compra se realizó en agosto por dicha Junta a un precio de 406.346 pesetas —2,442€— a la viuda de Jaime Quiroga de Pardo Bazán, Manuela Esteban-Collantes. Tras la venta, la hija y heredera de Emilia Pardo Bazán, Blanca, no pudo entrar jamás. Intentó, en vano, recuperar su patrimonio ya que no solo se vendió el pazo, sino todo su inmobiliario, el legado de la escritora y unas 3 hectáreas del terreno.
La organización recolectó aportaciones económicas procedentes de administraciones, de fondos públicos, reteniendo salarios a funcionarios o mediante donaciones de particulares para la reconstrucción y adquisición de dicha finca. Estas procedían de la caridad de los ciudadanos que eran visitados por las patrullas falangistas en plena época de guerra y represión.
El archivo firmado por Franco ha sido esencial en la vertebración del informe de la Diputación de A Coruña para reclamar la devolución del inmueble. La batalla ha sido larga: en 2008, a pesar de la oposición de los herederos de la familia Franco, el Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural. Sus puertas no se abrieron hasta 2011, y durante estos años, en ocasiones no se pudieron realizar visitas.
En 2017 aumentaron las peticiones populares e institucionales para devolver el pazo al patrimonio público. En este mismo año, la Junta de Galicia creó una comisión para investigar si hubo vicios ocultos. El escrito mencionado se convirtió en su eje argumental, ya que se descubrió que había desaparecido del archivo provincial.
Por otro lado, conviene abordar la cuestión con una mirada jurídica. La ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 dicta que todo tipo de patrimonio histórico debe ser protegido. Según Patrimonio Inteligente, “estos bienes (…) que por su relevancia social e histórica y su singularidad necesitan protección, son declarados Bienes de Interés Cultural”.
Cuando un bien es declarado BIC, la administración pública municipal a la que pertenece debe establecer una estrategia de protección para su conservación. “Toda intervención, obra, o despliegue urbanístico que se realice alrededor del BIC y que pueda afectar a su estado de conservación, queda prohibido. Del mismo modo, ningún BIC puede ser vendido, aunque este pertenezca a una persona física, sin pedir permiso expreso a la administración”.
Si bien tras su supuesta donación no había sido declarado aún de manera oficial como BIC, la importancia que tenía era evidente. Aun así, el dictador y su familia realizaron cambios. Expropiaron fincas cercanas a los vecinos y ampliaron la carretera para facilitar el acceso a la provincia aumentando su terreno de 3 a 6,6 hectáreas, entre otras reformas. No pasó tampoco desapercibido el incendio de causa desconocida en el edificio en 1978. Entre las teorías desatadas, no se descarta que la familia se llevara bienes de gran valor artístico. Además, muchas obras fueron destruidas.
Se conoce también el incumplimiento de apertura al público los meses de agosto de 2014 y 2015, aunque no fue hasta 2017 cuando los multaron. No siendo suficiente, en 2018 Carmen Franco —hija única de Franco— puso en venta la propiedad por 8 millones de euros. Es curioso cómo, en contraste con la definición de BIC, la descendencia del dictador viola cada disposición dictada para su protección y conservación.
Recapitulando, en 2019 se acordó aceptar las solicitudes de la Junta de Galicia y del Ayuntamiento de Sada para intervenir en este proceso iniciado por el Estado. Fue en septiembre de 2020 cuando el Juzgado de Primera Instancia Nº.1 de A Coruña declaró en su sentencia la “nulidad de la donación efectuada al autoproclamado jefe del Estado”. Fue así como se produjo la reversión de propiedad del pazo, no sin la petición de la familia Franco de vaciar el inmueble, posibilidad que la jueza Marta Canales Gantes denegó. Finalmente, la entrega de llaves tuvo fecha el 10 de diciembre de 2020.
El 9 de diciembre, día previo a la entrega de la propiedad, Carmen Calvo agradeció su devolución en una reunión con las administraciones implicadas en el asunto. En su discurso explicó por qué el pazo es un Bien de Interés Cultural. No se ajustó solo a lo evidente, es decir, el mobiliario y legado de la novelista como la extensión del terreno. También mencionó que en ese lugar se celebró el Consejo de Ministros en algunas ocasiones, algo que lo dota de significado para la Memoria de España.
La vicepresidenta del Gobierno de España continuó su discurso insistiendo en estas ideas. “Antes que el paso de Franco por el Pazo de Meirás está el recuerdo, la estancia y el significado que tiene este lugar para la memoria y la reivindicación de la aportación de Emilia Pardo Bazán a las letras españolas desde Galicia”, decía.
Las palabras de Carmen resumen el desenlace exitoso de esta problemática. La visita al pazo debe ser desde “el relato de la memoria democrática y para que (…) tracemos un futuro en el Pazo de Meirás vinculado a la libertad, a la igualdad entre hombres y mujeres, (…) a las grandes aportaciones que Doña Emilia hizo a las letras españolas y por tanto mirando también a un futuro que nos construya culturalmente”.
En definitiva, una propiedad de todos y que otorga riqueza cultural al Estado de ninguna manera debe reducirse al ámbito privado ni mucho menos puede concebirse como factor nostálgico del franquismo. Por fin, en 2020, las Torres de Meirás se convierten en símbolo de la cultura y el progreso, a los que todos los ciudadanos podemos acceder.
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