Unidas Podemos se rebela contra el Gobierno

El partido de Pablo Iglesias exige la prohibición de cortes de luz, agua y gas a las familias en situación de vulnerabilidad.

La formación morada pone sobre la mesa la prohibición de cortes de luz, agua y gas a las familias en situación de vulnerabilidad. Por ello, plantean hacer obligatorio que las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas deban solicitar a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte para comprobar si la familia está realmente en una situación de vulnerabilidad.

Unidas Podemos señala a Teresa Ribera, vicepresidente socialista y ministra de Transición Ecológica, como el freno para prohibir que se pueda cortar el agua, la luz o el gas a personas vulnerables mientras dure el estado de alarma. En los últimos días, el factor económico ha provocado que haya discrepancias entre los dos partidos en el gobierno en materia de desahucios, pensiones, cortes de suministros esenciales o salario mínimo.

Esta medida ha generado tensión en la coalición desde hace varios meses. De hecho, la falta de entendimiento entre el PSOE y Unidas Podemos la dejó fuera de la última renovación, a finales de septiembre, del llamado «escudo social». La intención de los ministros de Unidas Podemos era integrar esta prohibición en el decreto-ley para poder paralizar los desahucios, sin embargo, el sector socialista no lo contempló. La negociación se derivó entonces a Transición Ecológica, con quien, hasta la fecha, no hay entendimiento pese a llevar varios días dialogando.

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica. Fuente: GTRES

Fuentes cercanas al departamento de Transición Ecológica han informado que ya se está trabajando tanto en una nueva disposición para poder garantizar un suministro eléctrico a los consumidores de condición más vulnerable como en otra para añadir al decreto la prohibición de desahucios.

De forma concreta, la nueva disposición que plantea el departamento de Ribera es que durante los cuatros meses siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores de condición vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social —definidas en el Real Decreto del 6 de octubre dónde se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas para proteger a los consumidores domésticos.

Esta medida se aplicará de igual manera a los consumidores que no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro de electricidad cumplan, sin embargo, con los requisitos para ser consumidor vulnerable o vulnerable severo —acreditados previamente por los servicios sociales.

El pasado martes, María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, aseguró que «en breve habrá una disposición adicional incorporada a algún decreto ley o alguna de las leyes para prohibir esos cortes» y ha reivindicado que ya desde el departamento de Ribera se han promovido disposiciones para proteger a este colectivo vulnerable durante el estado de alarma.

En la otra parte, Unidas Podemos ve insuficiente la propuesta de Ribera: exigen que se añada también el agua y el gas. Los dirigentes de la formación morada afirman que es necesario el suministro de agua como medida de higiene contra la COVID-19 o, que en este invierno, se pueda dejar a personas sin recursos faltos de calefacción. Desde Unidas Podemos consideran «imprescindible» que las grandes empresas energéticas del país «con beneficios millonarios, arrimen el hombro en plena pandemia y se corresponsabilicen de la garantía de los derechos humanos dado que obtienen beneficio de comercializar un bien de primera necesidad».

Fuente: EFE

El Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional

Podemos ha presentado una enmienda junto a EH Bildu y Esquerra Republicana con el fin de prorrogar la prohibición de los desahucios y cortes de suministros de agua, luz y gas.
Manifestación en contra de los desahucios. Fuente: newtral.es

La normativa vigente suspende los desahucios sin alternativa habitacional hasta el 31 de enero de 2021. Mediante la enmienda, pretenden alargarla hasta finales de 2022.

En el segundo trimestre de 2019 se llevaron a cabo 13.608 desalojamientos de hipotecas y alquileres. Mientras que, en el segundo trimestre de 2020, —los meses más complicados de la crisis sociosanitaria dónde 3,3 millones de españoles se encontraban en ERTE y 600.000 perdieron su empleo—, se produjeron 1.303 desahucios por ejecuciones hipotecarias y alquileres. Esto supone un 90% menos respecto al año anterior.

Aunque los datos han bajado considerablemente, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncian que las políticas llevadas a cabo durante la pandemia no han impedido la totalidad de los lanzamientos.

Datos sobre desahucios en España 20117-2020. Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Pese a no tener competencia en vivienda, Pablo Iglesias afirmaba que como ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 su obligación es velar por la política social del gobierno y del cumplimiento de la Agenda. “Haré todo lo que esté en mi mano para evitar que una familia sea echada de su casa en una pandemia como la que vivimos” concluía. Ha fijado dos semanas como plazo máximo para presentar el decreto.  

Además de esta medida, Pablo Iglesias ha conseguido implementar la regulación del precio de los alquileres y el Ingreso Mínimo Vital como vicepresidente segundo del gobierno.

CONFLICTOS INTERNOS EN EL GOBIERNO

Desde el PSOE, critican que el vicepresidente haya utilizado la vía parlamentaria, en vez de la gubernamental. Sin embargo, recalcan que se solucionará todo “desde dentro del gobierno”. De hecho, la primera reunión para abordar esta propuesta se celebrará esta semana y participarán los equipos negociadores de PSOE, Podemos, EH Bildu y ERC.

Por ello, Podemos ha solicitado a ERC y Bildu que retiren la enmienda. Sin embargo, ERC y EH Bildu la mantienen e insisten en “la necesidad de encontrar una solución vía decreto o vía Presupuestos”.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha informado que la intención del PSOE es alargar la prórroga hasta el fin del estado de alarma, es decir el 9 de mayo.

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Fuente: La Voz de Asturias

Respecto a las disputas entre los partidos del gobierno, el PSOE le resta importancia afirmando que es algo totalmente normal en un Gobierno de coalición en el que cada uno tiene una ideología distinta.

Desde Podemos, Pablo Iglesias ha añadido que “esta cultura de coalición nos sitúa entre debates y situaciones que no se producían en gobiernos de partido único. A veces las discrepancias y diferencias se traducen en medidas positivas para la gente y eso es algo que se ha de poner en valor.”

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Fuente: El Mundo