Los cambios en la nueva Ley Trans

El Gobierno de España aprueba el Anteproyecto de la Ley Trans, con la cual Irene Montero, Ministra de Igualdad, asegura será “un paso de gigante en los derechos LGTBI y particularmente los derechos de las personas trans”. Con esto, España se une a países como Argentina, Portugal, Malta y Dinamarca, entre otros.

A esta norma, impulsada por la Ministra de Igualdad y el Ministro de Justicia del Gobierno, Juan Carlos Campo, se le ha dado luz verde. Sin embargo, aún debe pasar primero por órganos consultivos, después volver al Gobierno y, por último, pasar al Congreso antes de su aprobación definitiva.

Con esta ley las medidas que se toman son:

Las personas transexuales no serán reconocidas como enfermas, lo cual queda ya indicado en la actualización del CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, ni tendrán que presentar un informe psiquiátrico o médico que acredite que están enfermas para ser reconocidas.

También se reconoce el derecho de las niñas y niños a ser escuchados no solo en los aspectos que se encuentran dentro de la Ley de Infancia, sino también en otros ámbitos.

Incluye varios derechos LGTBI de forma integral, es decir, presenta medidas para hacer frente a las discriminaciones que sufren en el empleo, en la salud y en la educación, entre otros campos. Las más importantes que menciona la Ministra de Igualdad son:

  • Las mujeres lesbianas, bisexuales, sin pareja y las personas trans con capacidad de gestar, tras 7 años, tendrán de nuevo derecho y acceso a las técnicas de reproducción humana asistida.
  • La filiación de los hijos/as de las mujeres lesbianas y bisexuales, aunque no estén casadas, Irene Montero señala “A partir de ahora a las mujeres lesbianas o bisexuales con hijos o hijas se les reconocerá a ambas como madres”.
  • Con independencia de que la persona haya dado su consentimiento, queda prohibido las terapias de conversión, aversión o contra condicionamiento destinado a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas.
  • Legislan los derechos fundamentales de las personas intersexuales y establecen un régimen de infracciones y sanciones para asegurar su derecho a no sufrir mutilación alguna al nacer o el de no tener que ser identificado en un sexo que no tienen definido durante los primeros meses de vida.

Acorde a la página oficial del Gobierno de España, la Ley Trans agrega medidas que favorecen el acceso de las personas LGTBI al trabajo, sobre todo de las mujeres transexuales, y otras de igualdad en el ámbito laboral. Garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realizarán en función a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado. Al mismo tiempo, el profesorado deberá presentar en su currículum conocimiento y formación sobre la diversidad sexual, de género y familiar.

Fuente: unsplash / Mary Saxaroz
¿Qué proceso hay que seguir para el cambio de sexo?

Destacar que ya no es necesario presentar un documento oficial de un psicólogo o un médico en el que se declare que estás enfermo para modificar su nombre y sexo en el DNI, ni para la hormonización.

Por tanto, las personas trans realizan su determinación de la identidad ante la persona encargada del Registro Civil, sin pruebas ni testigos, en una doble comparecencia.

Estas rellenarán un formulario en el que expondrá su disconformidad con el sexo mencionado en su DNI y la petición de cambio. A continuación, el mismo encargado del Registro Civil informará a la persona de las consecuencias legales que tendrá el dicho cambio, dando la posibilidad de rectificación.

Hablamos de una doble comparecencia ya que, pasados como máximo 3 meses, la persona debe presentarse de nuevo ante el encargo del Registro Civil y confirmar su solitud y la permanencia de su decisión de cambio de sexo. Durante el mes siguiente a esta segunda comparecencia, el encargado del Registro Civil dictará una solución.

Esta Ley reconoce que todas las personas mayores de 16 años podrán solicitar la rectificación del registro de su sexo por sí mismas ante Registro Civil. Las personas mayores de 14 y menores 16 años, acompañadas de sus representantes legales también podrán realizar el proceso. En el caso de que exista un desacuerdo entre los progenitores, la persona deberá presentarse con un defensor judicial.

En cuanto a los mayores de 12 años y menores de 14, el procedimiento será mediante Jurisdicción Voluntaria, es decir, “con intervención judicial para comprobar la madurez necesaria del menor y la estabilidad de su voluntad de rectificar registralmente la mención de su sexo” ha explicado el ministro de Justicia.

Una pandemia y dos estados de alarma

Un 13 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretaba el confinamiento domiciliario de todos los españoles ante el avance del coronavirus. 100 días después comenzó la desescalada, pero el pasado 25 de octubre se volvía a decretar el estado de alarma hasta el pasado 9 de mayo. Hoy en Voz Nueva repasamos toda la evolución de los dos estados de alarma declarados en España

El año 2020 comenzaba con grandes expectativas de ser un gran año, pero se convirtió en una pesadilla gracias a la pandemia de la COVID-19. El 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad notificaba 4.209 positivos por coronavirus y 120 fallecidos. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de España decidió declarar el estado de alarma y decretar el confinamiento domiciliario durante 15 días, aunque finalmente fueron 100 días.

Rueda de prensa de Pedro Sánchez el 13 de marzo. Fuente: Eldiario.es

Pero, ¿Qué significa el concepto de estado de alarma? Según Wikipedia, el estado de alarma “es un régimen excepcional que se declara para asegurar el restablecimiento de la normalidad de los poderes en una sociedad”. Concretamente, en España, gracias al artículo 116.2 de la Constitución Española se puede declarar el estado de emergencia a nivel nacional o en una zona debido a una situación grave (catástrofes, desabastecimientos, etc).

ANTECEDENTE EN ESPAÑA

El estado de alarma en España ya se había decretado con anterioridad a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El 4 de diciembre de 2010 ante la gravedad de la huelga de controladores que había propiciado el cierre de todos los espacios aéreos, el entonces presidente Zapatero, declaró el estado de alarma a nivel nacional.

En total más de 500.000 personas se vieron afectadas por esta situación, el sector más perjudicado fue el turismo. El estado de alarma terminó el 16 de enero de 2011.

LA DESESCALADA

Tras un mes de abril donde las cifras de contagiados diarios por coronavirus superaban la cifra de 200.000 casos y más de 24.000 fallecidos. Llegaba el mes de mayo con la desescalada por fases: en la fase 0 se podía dar un paseo una vez al día a toda la población. El Gobierno central anunciaba cada 15 días que territorios pasaban a la siguiente fase dependiendo de la situación epidemiológica de la zona.

Esquema fases de la desescalada. Fuente: La Sexta

El 18 de mayo de 2020, mientras el Ministerio de Sanidad notificaba más de 230.000 nuevos contagiados por la COVID-19, España instauraba el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios cerrados, incluidos el transporte público para evitar la propagación del virus. Con más de 26.000 fallecidos por coronavirus en nuestro país, el Consejo de ministros anunciaba el luto oficial de diez días por todos los fallecidos por la pandemia.

Después de seis prórrogas del estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo, el 21 de junio de 2020 finalizaba un estado de alarma con más de 28.000 fallecidos por coronavirus en España.

NUEVA NORMALIDAD

Tras el final del estado de alarma y las fases de la desescalada, llegaba la nueva normalidad marcada por las mascarillas y la distancia de seguridad. Durante el mes de agosto, con el aumento de los contagios, el Ministerio de Sanidad limitaba la apertura de la hostelería, el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la vía pública si no se podía mantener la distancia de seguridad para evitar contagios.

LA SEGUNDA OLA DE LA COVID-19

El 25 de octubre de 2020 ante el aumento de los contagios debido a la segunda ola de la COVID-19, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunciaba tras el Consejo de ministros extraordinario la declaración de un nuevo estado de alarma en España.

Después de superar la barrera de 50.000 fallecidos por coronavirus en España, el 27 de diciembre de 2020 comenzaba la vacunación en este país y la esperanza de que el final de esta pesadilla está cada vez más cerca.

Araceli, la primera española vacunada. Fuente: Europa Press / 20 minutos

LA TERCERA OLA DE LA COVID-19

Una vez pasadas las fiestas navideñas marcadas por las restricciones, el mes de enero comenzaba con un aumento de contagios, aunque el Ministerio de Sanidad no planteaba un nuevo confinamiento domiciliario, pero estaba estudiando la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20 horas.

El mes de marzo finalizaba con más de 3.000.000 de contagiados por coronavirus diarios y más de 75.000 fallecidos por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestro país.

EL FINAL DEL ESTADO DE ALARMA

El pasado 9 de mayo llegaba el final del estado de alarma, lo que suponía un alivio en las principales restricciones de movilidad. Desde ese día, cada comunidad autónoma imponía una serie de medidas dependiendo de su situación epidemiológica.

En el caso de Andalucía desde el 9 de mayo no hay toque de queda ni cierre perimetral de la comunidad autónoma, a las 12 de la noche tendrá que cerrar la hostelería y el ocio nocturno a las 2 de la madrugada.

La reducción de restricciones provocaba que en la madrugada del 9 de mayo muchos ciudadanos de manera irresponsable se aglomeraban en las principales zonas de las grandes ciudades de toda España para celebrar el fin del estado de alarma. En este caso, podemos ver a continuación una imagen del paseo de la Barceloneta lleno de personas sin mascarillas.

Aglomeraciones en el paseo de la Barceloneta. Fuente: Juan Barbosa / El País

Hay que tener en cuenta que, aunque el estado de alarma haya terminado, la pandemia sigue. Por lo tanto, la responsabilidad sigue siendo imprescindible para evitar la propagación del virus. La mascarilla y la distancia social son claves para no sufrir una nueva ola de contagios.

Fuente: Twitter (@sanidadgob)

El Gobierno evalúa los daños causados por «Filomena»

Ninguna comunidad autónoma ni ningún ayuntamiento ha solicitado formalmente la declaración de zona afectada de emergencia

El temporal «Filomena» con que 2021 se ha dado a conocer aún no ha desistido. Continúan las bajas temperaturas en la mayor parte del país que han batido récords, ya que no se registraban desde principios de siglo. «Filomena» ha obligado a poner en alerta roja a varias comunidades, como Madrid, Aragón, Castilla y León, y Castilla-La Mancha, donde se han registrado grandes nevadas.

El Gobierno ha iniciado la evaluación de los daños registrados por este temporal, a falta de que ninguna comunidad autónoma ni ayuntamiento haya solicitado formalmente la declaración de zona de emergencia. Sí es cierto que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue el primero en plantear esta posibilidad, aunque aún no lo ha hecho. Castilla-La Mancha también estudia pedir la declaración de zona afectada por emergencia por los daños causados por «Filomena».

Cuatro ministros del Gobierno de España han sido los que han salido a evaluar la situación; el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos; el de Interior, Fernando Grande Marlaska; la de Defensa, Margarita Robles; y la de Economía, Nadia Calviño. Todos han respondido a las críticas de la oposición por la «desaparición» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los días fuertes de este temporal. Asimismo, han admitido que estudian declarar Madrid zona catastrófica, tal y como demandó el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en que habrá que esperar a que cese la alerta del temporal para comenzar a evaluar daños, ya que, hasta entonces, no será posible hacerse una idea de la dimensión de los daños públicos y privados. “Hemos empezado a evaluar los daños y a valorarlos como corresponde dentro de la etapa de recuperación en Madrid y otras zonas en alerta. Cuando concluya la alerta y tengamos una valoración de daños, se tomará la decisión. Que la gente lo tenga claro”, afirmaba el ministro.

El ministro de Interior compareciendo en rueda de prensa. Fuente: Pool Moncloa

Los precedentes de declaración de emergencia son recientes, ya que el Consejo de Ministros del 20 de septiembre de 2019 aprobó un decreto ley con el que el Gobierno movilizó 774 millones de euros para responder a las situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica que se acumularon los meses previos: los incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo del mes de junio, las inundaciones en Navarra y Ourense en julio, los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria en agosto y los episodios de DANA que afectaron a varias comunidades autónomas a finales de agosto y a mediados de septiembre.

Pablo Casado, líder de la oposición y presidente del Partido Popular, criticaba la tardanza del Gobierno, aunque, aún así, le tendió la mano: «el Gobierno ha tardado en reaccionar y lo ha hecho arrastrando los pies, lo cual contrasta con lo que exigían a nuestro Gobierno cuando estaba en la oposición; pero tiene todo mi apoyo para coordinar una respuesta eficaz».

Pablo Casado analizando el temporal en Madrid. Fuente: YouTube

Ante esta excepcional situación, también han surgido las críticas entre los usuarios de Twitter. Una de las críticas más virales ha sido un ‘troleo’ de un tuitero, que refiriéndose a la multitud de banderas de España que los dirigentes del Partido Popular están instalando en Madrid, ha realizado un montaje con los colores nacionales de los vehículos atrapados en una de las principales vías madrileñas. “Almeida y Ayuso han dado con la solución para los problemas que esta generando la nieve en la M-30 y M-40”, era el tuit de @InorJauna, que acumula miles de ‘me gusta’ y ‘retuits’.

Sánchez piensa en Carolina Darias para Sanidad y en Miquel Iceta para la Moncloa

La candidatura de Salvador Illa para las elecciones catalanas plantean un relevo ministerial en el Ejecutivo

El Gobierno español sufrirá cambios en las próximas fechas. La noticia de la marcha del Salvador Illa del Ministerio de Sanidad deja huérfana la cartera más comprometida de la pandemia. Desde que se conoció la sorpresa, la Presidencia trabaja para buscar la mejor alternativa de relevo en el cargo. Dentro del Ejecutivo se manejan dos nombres para cubrir el hueco: Carolina Darias y Miquel Iceta. La primera ocuparía el lugar de Illa en Sanidad, mientras que Iceta cubriría el Ministerio de Política Territorial, dando el salto a la política nacional desde la Generalitat.

CAROLINA DARIAS, LA ELEGIDA

La política canaria es la mejor posicionada para asumir la cartera de Sanidad. Fuentes del Gobierno aseguran que es el relevo natural de Illa. La ministra ha estado presente en numerosas comparecencias gubernamentales y ha trabajado junto a Illa en los Consejos interterritoriales. La clave de su tarea estará en la campaña de vacunación iniciada recientemente. Su implicación en la preparación de la estrategia de dicha campaña la sitúan como la idónea para el Ministerio.

Carolina Darias, con la cartera de Política Territorial. Fuente: Moncloa

Carolina Darias lleva más de trece años en política. Sus inicios en Canarias la catapultaron al panorama nacional como Delegada del Gobierno de Zapatero en la Comunidad Autónoma entre 2008 y 2011. Su última función antes de ser Ministra de Política Territorial fue la de Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno canario, entre 2019 y enero de 2020.

RELEVO EN CATALUÑA

La decisión está casi tomada en el seno del PSOE. Según apunta El País, Iceta iba a ser el candidato en las elecciones catalanas venideras, mientras que Illa pasaría a serlo de cara a las siguientes. Pero, la sucesión de acontecimientos ha precipitado la decisión de ejecutar la operación para estas. En el partido consideran que el actual ministro ha logrado alcanzar una buena imagen en la opinión pública, imagen que se ha tambaleado en varias ocasiones —en especial, durante la primera ola de la pandemia.

Iceta, en el Parlament catalán. Fuente: Europa Press

Así, lo consideran la persona idónea para liderar al PSC en los próximos comicios. Ocuparía el puesto que ahora ostenta Miquel Iceta, quien previsiblemente se incorporará al Gobierno central una vez se inicie la campaña electoral para dejar su puesto a Salvador Illa. Su función, el cargo de ministro de Política Territorial en sustitución de Darias. El hasta ahora primer secretario del grupo socialista catalán ya fue diputado en el Congreso entre 1996 y 1999, a la par que subdirector del Gabinete de la Presidencia de Felipe González. Con esa experiencia en el panorama nacional, Pedro Sánchez ve con buenos ojos su ascenso al Ejecutivo.

Los Franco devuelven su pazo «regalado» al Estado

El 10 de diciembre la familia Franco entregó las llaves del Pazo de Meirás que pasó a ser Patrimonio del Estado. Se encontraba en sus manos porque en 1938, Francisco Franco lo aceptó como regalo. Sin embargo, la naturaleza de esta donación es dudosa, algo que ha desencadenado años de investigación y vigilancia para reclamar su reversión a lo público.

Los pazos son un tipo de casa solariega tradicional gallega de carácter señorial, cuyo origen se encuentra en los castillos medievales —de hecho, la palabra portuguesa, lengua cercana al gallego, para decir “palacio” es paço. Muchos estudiosos apuntan que consistían en antiguas torres que serían ampliadas para crear ambientes más confortables en la época moderna. De este modo, cobraron gran importancia entre los siglos XVII y XIX y, con el tiempo, se fueron convirtiendo en una marca social y un refugio para la nobleza.

Todo esto recuerda a relatos fantásticos del arcaico mundo medieval. Sin embargo, en pleno siglo XXI, uno de los pazos más importantes debido a su fuerte carga histórica ha estado en manos de una familia española muy famosa: la familia del dictador Francisco Franco. Se trata del Pazo de Meirás, situado en Sadas, municipio de la provincia A Coruña, Galicia, y cuya construcción fue emprendida en 1893 por la célebre escritora Emilia Pardo Bazán.

Fachada del Pazo de Meirás en Sada (Galicia). Fuente: Europa Press.

A la muerte de la literata gallega, le sucede la de su hija Carmen. Y, posteriormente, el asesinato de su hijo Jaime. Su legado quedó en manos de su hija Blanca, con cuya muerte se extinguió la familia al no tener descendencia. Perteneció también a la viuda de Jaime, Manuela Esteban-Collantes y Sandoval.

En 1938, durante la Guerra Civil, este pazo fue «donado» a Franco. Aunque realmente no fue así: el 3 de marzo de 1938 se creó la ‘Junta pro Pazo del Caudillo’, compuesta por el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña para adquirir un inmueble de gran importancia histórica y ponerlo a disposición de Franco, quien lo utilizó como residencia veraniega. La compra se realizó en agosto por dicha Junta a un precio de 406.346 pesetas —2,442€— a la viuda de Jaime Quiroga de Pardo Bazán, Manuela Esteban-Collantes. Tras la venta, la hija y heredera de Emilia Pardo Bazán, Blanca, no pudo entrar jamás. Intentó, en vano, recuperar su patrimonio ya que no solo se vendió el pazo, sino todo su inmobiliario, el legado de la escritora y unas 3 hectáreas del terreno.

La organización recolectó aportaciones económicas procedentes de administraciones, de fondos públicos, reteniendo salarios a funcionarios o mediante donaciones de particulares para la reconstrucción y adquisición de dicha finca. Estas procedían de la caridad de los ciudadanos que eran visitados por las patrullas falangistas en plena época de guerra y represión.

Documento conservado por la familia de Melchora Ferro que acredita cómo se gestó la obligación a contribuir económicamente. Fuente: Cadena Ser.

El archivo firmado por Franco ha sido esencial en la vertebración del informe de la Diputación de A Coruña para reclamar la devolución del inmueble. La batalla ha sido larga: en 2008, a pesar de la oposición de los herederos de la familia Franco, el Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural. Sus puertas no se abrieron hasta 2011, y durante estos años, en ocasiones no se pudieron realizar visitas.

En 2017 aumentaron las peticiones populares e institucionales para devolver el pazo al patrimonio público. En este mismo año, la Junta de Galicia creó una comisión para investigar si hubo vicios ocultos. El escrito mencionado se convirtió en su eje argumental, ya que se descubrió que había desaparecido del archivo provincial.

Gente esperando el paso de Franco en Santiago, 5 de diciembre de 1938. Fuente: elDiario.es

Por otro lado, conviene abordar la cuestión con una mirada jurídica. La ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 dicta que todo tipo de patrimonio histórico debe ser protegido. Según Patrimonio Inteligente, “estos bienes (…) que por su relevancia social e histórica y su singularidad necesitan protección, son declarados Bienes de Interés Cultural”.

Cuando un bien es declarado BIC, la administración pública municipal a la que pertenece debe establecer una estrategia de protección para su conservación. “Toda intervención, obra, o despliegue urbanístico que se realice alrededor del BIC y que pueda afectar a su estado de conservación, queda prohibido. Del mismo modo, ningún BIC puede ser vendido, aunque este pertenezca a una persona física, sin pedir permiso expreso a la administración”.

Si bien tras su supuesta donación no había sido declarado aún de manera oficial como BIC, la importancia que tenía era evidente. Aun así, el dictador y su familia realizaron cambios. Expropiaron fincas cercanas a los vecinos y ampliaron la carretera para facilitar el acceso a la provincia aumentando su terreno de 3 a 6,6 hectáreas, entre otras reformas. No pasó tampoco desapercibido el incendio de causa desconocida en el edificio en 1978. Entre las teorías desatadas, no se descarta que la familia se llevara bienes de gran valor artístico. Además, muchas obras fueron destruidas.

Soldados vaciando la biblioteca del pazo en el incendio. Fuente: La Voz de Galicia.

Se conoce también el incumplimiento de apertura al público los meses de agosto de 2014 y 2015, aunque no fue hasta 2017 cuando los multaron. No siendo suficiente, en 2018 Carmen Franco —hija única de Franco— puso en venta la propiedad por 8 millones de euros. Es curioso cómo, en contraste con la definición de BIC, la descendencia del dictador viola cada disposición dictada para su protección y conservación.

Recapitulando, en 2019 se acordó aceptar las solicitudes de la Junta de Galicia y del Ayuntamiento de Sada para intervenir en este proceso iniciado por el Estado. Fue en septiembre de 2020 cuando el Juzgado de Primera Instancia Nº.1 de A Coruña declaró en su sentencia la “nulidad de la donación efectuada al autoproclamado jefe del Estado”. Fue así como se produjo la reversión de propiedad del pazo, no sin la petición de la familia Franco de vaciar el inmueble, posibilidad que la jueza Marta Canales Gantes denegó. Finalmente, la entrega de llaves tuvo fecha el 10 de diciembre de 2020.
De derecha a izquierda. Consuelo Castro, abogada general del Estado, entrega la llave del Pazo de Meirás a Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda. Fuente: El País.

El 9 de diciembre, día previo a la entrega de la propiedad, Carmen Calvo agradeció su devolución en una reunión con las administraciones implicadas en el asunto. En su discurso explicó por qué el pazo es un Bien de Interés Cultural. No se ajustó solo a lo evidente, es decir, el mobiliario y legado de la novelista como la extensión del terreno. También mencionó que en ese lugar se celebró el Consejo de Ministros en algunas ocasiones, algo que lo dota de significado para la Memoria de España.

La vicepresidenta del Gobierno de España continuó su discurso insistiendo en estas ideas. “Antes que el paso de Franco por el Pazo de Meirás está el recuerdo, la estancia y el significado que tiene este lugar para la memoria y la reivindicación de la aportación de Emilia Pardo Bazán a las letras españolas desde Galicia”, decía.

Intervención de la vicepresidenta Carmen Calvo en la Delegación del Gobierno, A Coruña, miércoles 9 de diciembre de 2020. Fuente: Europa Press.

Las palabras de Carmen resumen el desenlace exitoso de esta problemática. La visita al pazo debe ser desde “el relato de la memoria democrática y para que (…) tracemos un futuro en el Pazo de Meirás vinculado a la libertad, a la igualdad entre hombres y mujeres, (…) a las grandes aportaciones que Doña Emilia hizo a las letras españolas y por tanto mirando también a un futuro que nos construya culturalmente”.

En definitiva, una propiedad de todos y que otorga riqueza cultural al Estado de ninguna manera debe reducirse al ámbito privado ni mucho menos puede concebirse como factor nostálgico del franquismo. Por fin, en 2020, las Torres de Meirás se convierten en símbolo de la cultura y el progreso, a los que todos los ciudadanos podemos acceder.