El coronavirus lleva siendo el tema sobre que giran nuestras vidas desde hace más de año y medio. Un hecho que será recordado tristemente durante mucho tiempo. Ahora, ante una nueva subida de los casos y la aparición de la variante delta, tenemos que seguir informándonos sobre las novedades que surgen sobre la enfermedad.
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Los virus mutan y a estas mutaciones se las llama variantes. A pesar de compartir síntomas, tienen algunas características que las diferencias de las otras. Actualmente, el Covid-19 tiene cuatro y la que más estamos escuchando últimamente es la delta. Hoy explicaremos sus singularidades.
Síntomas comunes del coronavirus. Fuente: Ministerio de Sanidad
¿Nuevos nombres?
La OMS decidió renombrar a las variantes del coronavirus debido a los estigmas que podían tener al ser conocidas por las zonas donde surgieron. Para que esto no perjudicase a ningún país se les dio el nombre de las letras griegas: alfa, beta, gamma y delta. Estos serán utilizados en un ámbito divulgativo ya que sus denominaciones más técnicas son demasiado complicadas.
Alfa
Surgió en Reino Unido en septiembre de 2020. Empezó a expandirse por Europa y después por Israel y Estados Unidos. En este último, es la variante predominante por el momento.
Sus síntomas más comunes son el cansancio, la tos seca y la fiebre, al igual que en la beta y la gamma. Otros pueden ser conjuntivitis, dolor de cabeza, perdida del sentido del olfato y el gusto, erupciones cutáneas o dolor de garganta.
Los dolores y molestias también pueden ser sus síntomas. Fuente: Pexels
Beta
Predomina en Sudáfrica yes menos frecuente en Europa. La OMS considera que se trata de la variante más transmisible y que incluso podría afectar a pesar de la inmunidad obtenida de manera natural o por la vacuna, ya que reduce su efectividad.
Cabe destacar que se trata de indicios que la organización está investigando para obtener más datos sobre ello y poder afrontarlo. Además, diversos estudios afirman que si se suministran varias dosis por persona se podrá mantener una inmunidad más fuerte ante esta mutación.
Según The New York Times, el doctor Laith Abu-Raddad de Weill Cornell Medicine Catar, aseguró que ante la vacunación, puso el ejemplo de Pfizer, las infecciones por Beta son leves y hay pocas posibilidades de hospitalización o muerte.
La vacuna ha reducido los casos más graves de la enfermedad. Es necesario suministrar más dosis para alcanzar una mayor inmunidad. Fuente: Pexels
Gamma
Surgió en Brasil en enero de este año. En América del Sur es una de las variantes predominantes. También se encuentra en Europa pero con un menor número de casos.
Esta variante brotó entre un grupo de mineros ya vacunados de Brasil. Ninguno tuvo síntomas graves. Trabajaban sin mascarilla ni distancia en exteriores, lo que favoreció el contagio. Es por esto que se contempla la posibilidad de una mayor transmisión y un escape de la inmunidad.
A pesar de estar inmunizados es importante seguir manteniendo las medidas de seguridad convenientes en cada momento. Fuente: Pexels
Delta
La variante que se encuentra en boca de todos últimamente apareció en India en octubre de 2020. Se caracteriza por ser una de las más contagiosas. En Reino Unido es la dominante. Según la BBC, el epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres, afirmó que era un 60% más transmisible que la alfa.
Sus síntomas pueden ser confundidos con los de un fuerte resfriado. Estos son fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y secreciones nasales. Además, su tiempo de incubación es menor. Las vacunas con pauta completa son eficaces contra esta variante.
Fuente: Freepik, Katemangostar
¿Qué hacer si tengo síntomas?
Si se tiene síntomas compatibles con el Covid-19 hay unas pautas a seguir señaladas por el Gobierno en su decálogo. Las dejaremos a continuación.
En él se recomienda auto aislarse y ponerse en contacto con tu centro de salud o el número que tenga cada Comunidad Autónoma para estos casos.
Fuente: Ministerio de Sanidad
Ante estas nuevas mutaciones del virus que parecen estar trayendo consigo variantes más contagiosas, es preciso tener precaución y no olvidar que la pandemia aún no ha terminado.
Además, se debe recordar la importancia de las vacunas que han conseguido reducir considerablemente el número de hospitalizaciones y muertes. Un hecho que demuestra su eficacia. Es necesaria la responsabilidad de todas y todos para poder poner fin a esta pesadilla.
Juanma Moreno, presidente Junta de Andalucía, ha anunciado mediante una rueda de prensa la implantación de nuevas medidas para contrarrestar el efecto de las fiestas
En la mañana del día de hoy ha tenido lugar la reunión del comité de expertos de la Junta de Andalucía para luchar contra el coronavirus. Este encuentro ha implantado nuevas restricciones que estarán vigentes desde el 11 hasta el 24 de enero.
El Presidente de la Junta ha querido destacar que la intención del Gobierno de Andalucía es «contener la pandemia sin ahogar la economía» por lo que se adopta un modelo híbrido o mixto para llegar a un equilibrio, donde no se quiere abrir ni cerrar del todo la Comunidad.
Además, se ha querido recalcar la llegada de una tercera ola que coincide con la finalización de las fiestas navideñas. La tendencia ascendente de contagios con una tasa de 186 por cada 100.000 habitantes y una notable repercusión en la presión hospitalaria han hecho que las medidas vigentes hasta el 10 de enero sean reemplazadas por otras más restrictivas. El presidente ha declarado que «los contagios de hoy serán las hospitalizaciones de mañana».
En primer lugar, ocho municipios del Campo de Gibraltar en Cádiz se encuentran con cierres perimetrales y se va a sumar a ellos el municipio de Añora en Córdoba —no ha descartado que en los próximos días se le sume alguno más. En ellos, se restringe de momento la apertura de los comercios, hostelería y toda actividad de ocio.
Por otro lado, se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma pero se mantiene la movilidad entre provincias. Esta última medida va a ser constantemente revisada y cuando el comité de expertos lo considere el cierre será reestablecido.
El horario de hostelería y comercio varían, los bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta las 18:00 y las cafeterías hasta las 20:00, eso si, sin servir alcohol. El comercio adelantará su hora de cierre a las 20:00. El toque de queda también se adelantará, de 22:00 a 6:00.
Por último, en lo que se refiere a educación, las escuelas e institutos con enseñanza obligatoria seguirán el mismo curso que hasta ahora. La diferencia la encontraremos en las universidades andaluzas: las que se encuentren en zonas con un nivel 4 de alerta —Granada, Jaén, Almería y Jerez de la Frontera— mantendrán las clases online, y las que se encuentran en un nivel inferior podrán reanudar las clases como al principio del cuatrimestre.
El presidente ha declarado ser consciente de la complejidad de obtener la vacuna debido a que existe un número limitado que están siendo suministradas por todo Occidente, aun así pide que se aumente el número de dosis para conseguir cuanto antes la inmunización ante el virus y recuperar la normalidad social y económica del país.
Fuente: Diario de Sevilla.
Finalmente, según los expertos la tercera ola que se avecina será más contundente que las demás ya que coincide con la aparición de enfermedades típicas del invierno como la gripe, además de otras patologías. Desde el Gobierno de la Comunidad se apela a la responsabilidad ciudadana para doblegar la curva de la tercera ola.
Llevamos ya meses viendo como la clase política juguetea, una vez más, con los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Este juego es solo uno más de los tantos que se trae nuestra política entre manos, con el único objetivo de aglutinar votantes en sus filas.
La política española hoy en día se puede entender fácilmente si nos imaginamos un mercado como la bolsa, donde los partidos, en vez de competir por acciones, compiten por votos. La mayoría de las promesas y actuaciones que los partidos realizan tienen un fin último perfectamente definido, muy alejado de la concepción de la política como un instrumento para resolver los problemas colectivos, esto es, conseguir la mayor cuota de poder posible.
La lucha política por el control del Consejo destaca entre las demás debido a la relevancia del tema por el que se disputa: la independencia judicial, un concepto que España jamás ha vislumbrado. No es necesario aclarar que antes del franquismo, y durante él, la independencia judicial brilló por su ausencia. Pero, en contra de lo que muchos creen, tampoco con la entrada del régimen de 1978 se instauró en España una situación de independencia de los órganos judiciales.
De izquierda a derecha: Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del C.G.P.J; el Rey Felipe VI, y Dolores Delgado, exministra de Justicia y actual Fiscal General del Estado) Fuente: elplural.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial, encabezado por el presidente del Tribunal Supremo y compuesto por 20 vocales. El Consejo es el órgano superior de administración de la justicia: se encarga del régimen interior del poder judicial, con funciones administrativas y gubernativas. Uno podría pensar que es lógico que este órgano se constituya de forma independiente al poder de la clase gobernante ya que, como numerosos filósofos y politólogos han sostenido a lo largo de la historia, uno de los principios políticos que evita y controla la corrupción política es la separación de poderes. Principio que debería ser considerado fundamental y rector de una democracia.
En España, no solo no gozamos de la separación de poderes, sino que la importancia que concede la ciudadanía a este principio es mínima, siendo una cuestión incluso desconocida para la mayoría de los ciudadanos. Los 20 vocales del Consejo pasan de una manera u otra por la aprobación de las dos cámaras que conforman las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado. El poder judicial depende del poder político.
Sala de Plenos del Consejo General del Poder Judicial. Fuente: Confilegal.
El desconocimiento general de la ciudadanía viene acompañado de una tergiversación de los conceptos por parte de nuestros dirigentes y de gran parte de la opinión pública. Así algunos partidos, como Podemos o PSOE, manifiestan su intención de modificar la ley que regula la renovación del Consejo con el único fin de hacerse con el control de este importante órgano, no con la intención de independizarlo.
Lo curioso es la capacidad que tienen los partidos para cambiar el rumbo de sus propuestas sin perder apoyo de su masa votante. El ejemplo de los socialistas y Podemos, que defienden su nueva propuesta a pesar de haber denunciado durante varias campañas electorales el uso político del Consejo por parte del Partido Popular. En 2014, en una entrevista en Al Rojo Vivo, Pedro Sánchez afirmaba que “hay que despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y que sea independiente. He propuesto al presidente que los partidos dejemos de proponer candidatos.” En un tuit, Podemos calificaba la despolitización de la justicia como “una prioridad”, culpando al PP y al PSOE de la continuidad de este sistema de elección.
Despolitizar la justicia es una prioridad para combatir la corrupción y garantizar la independencia del poder judicial, pero para ello hace falta voluntad política REAL para tomar medidas eficaces y serias. Al final, PP y PSOE quieren que todo siga igual.https://t.co/rnwGNLYayrpic.twitter.com/5zriCoK9dG
¿Cómo justifican estos partidos su cambio de opinión? Despertando los sentimientos de sus votantes para que apoyen sus derivas. Consiguen que a una persona le parezca aberrante que el PP controle el Consejo, pero perfectamente razonable una situación en la que el PSOE tiene el control. ¿Cuál es la diferencia? A una gran masa no le importa que los partidos abusen de los poderes del estado mientras quien lo haga, sea al que ellos apoyan.
Por otro lado, el Partido Popular, que perdió su mayoría parlamentaria, no se salva de todas estas consideraciones. Su último gobierno defendía el sistema que le permitía mantener el control de la justicia, mientras que ahora critica la actitud del actual gobierno de coalición. La frase que resume la posición de los partidos es la siguiente: me gusta cómo está conformado todo, mientras sea yo el que lo controle. Y es que el sistema político español concentra excesivamente los tres poderes del estado sobre los partidos políticos, llegando a ser considerado por algunos estudiosos como una partidocracia.
Líderes del PP en el acto de inauguración del año judicial. Fuente: EFE.
Cuando se critica cierto aspecto político o social de un país o gobierno, se recurre a la comparación con otros para defenderlo. Nuestra posición en Europa es poco reconfortante: España, después de Polonia, es el país con más injerencia política estructural en los órganos judiciales, según el último informe de la Comisión Europea. Es de los pocos países de la Unión donde la elección de estos órganos pasa por la aprobación política.
Métodos de elección de los Consejos de Justicia en países de la Unión. Fuente: Informe anual de la Comisión Europea.
El momento que vivimos es de enorme complejidad histórica y social. Los partidos han ido incrementando su poder en el Estado, convirtiendo la política en un teatro donde prácticamente todo vale para desacreditar a tu adversario. La justicia se ha visto vapuleada y descuidada por los partidos que, para más inri, pretenden mantenerla controlada.
Las nuevas formaciones, que venían proclamando que derrocarían al bipartidismo, han demostrado no tener distintas intenciones. En este punto, el ciudadano como individuo tiene una responsabilidad notoria respecto a lo que tolera y permite que sus políticos hagan. La razón del ciudadano debe mantenerse firme ante la identidad política y los sentimientos que los partidos instrumentalizan para lograr sus intereses.
El gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se ha asegurado sus primeros Presupuestos Generales del Estado
Tras el preacuerdo alcanzado con ERC este miércoles, el Gobierno de Sánchez se asegura sus primeros presupuestos. Contaría con el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu y ERC, lo que sumarían un total de 179 votos, tres más que la mayoría absoluta del Congreso. Sería, además, la primera vez en la historia que un gobierno de coalición saque adelante unos Presupuestos Generales del Estado.
Han pasado más de dos años desde que fueran aprobados los últimos PGE, concretamente en junio de 2018 con el Gobierno del PP y Mariano Rajoy al frente, poco antes de la moción de censura que finalizó con el Gobierno popular. Desde entonces, los PGE se han ido prorrogando ante las dificultades que se les han presentado a los gobiernos para sacarlos adelante. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España, afirmaba que los Presupuestos «van por buen camino».
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias posan con el proyecto de los PGE. Fuente: EFE
Entre algunos acuerdos adelantados públicamente se encuentran la moratoria del pago a la Seguridad Social de los autónomos hasta marzo del 2021, un trimestre más, con el compromiso de ir ampliándolo según las necesidades; la creación de un comité bilateral para una reforma fiscal “total, justa y progresiva”, y la creación de un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas para, citaba Gabriel Rufián, “acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio en estos momentos de emergencia social para la clase trabajadora”.
En el otro bando, el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, afirma que «no se pueden aprovechar unos presupuestos para sacar al Ejército del País Vasco, ni para prohibir el español como lengua vehicular, ni para blanquear a Bildu». Mientras tanto, el partido de Inés Arrimadas se aleja de los presupuestos y lamenta la imposición del «ala radical» del Gobierno. Si bien ha afirmado que continuarán trabajando en la negociación, «nosotros no somos como los señores de VOX que no han presentado siquiera enmiendas y que se dedican a hacer vídeos. Nosotros no somos ni instagramers ni youtubers», ha criticado la líder naranja.
VOX, por su parte, ha reaccionado con las palabras de su presidente, Santiago Abascal, en su perfil oficial de Twitter a un titular del diario Libertad Digital: «este gobierno es lo peor que le ha pasado a España en siglos. Y cualquier equidistancia entre la legitimidad gubernamental y el orden constitucional es colaboracionismo».
De esta forma, el Gobierno de España sacará adelante unos nuevos PGE adaptados a la situación actual del conjunto del país con 179 votos favorables de sus principales socios de moción de censura e investidura, aunque podrían sumar los apoyos de Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias y Partido Regionalista de Cantabria, que llegarían a los 185 votos a favor.
Tras la dimisión de Manuel Merino, Francisco Sagasti llega al cargo «por la estabilidad política del país»
Centenares de manifestantes protestan en Lima tras la destitución de Martín Vizcarra, 14 de noviembre de 2020. Ernesto Benavides, AFP.
Tras 27 horas con un vacío de poder, ayer, 16 de noviembre, el Congreso nombraba a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino de Perú. Sagasti, ex funcionario del Banco Mundial y perteneciente al Partido Morado, llega al cargo, según las propias palabras de los que le dieron apoyo, «Por la estabilidad política del país», «por la tranquilidad y la paz», «para que se acaben las protestas», «por la reconciliación nacional…» La tarea de Sagasti será ardua: deberá encargarse de otorgar estabilidad al país, poner fin a las protestas que llevan sucediendo varios días y mediar la reconciliación nacional hasta las próximas elecciones de abril.
"Hoy no es un día de celebración, porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas expresando sus puntos de vista", presidente del Congreso, Francisco Sagasti Hochhausler. #PlenoVirtualpic.twitter.com/Va5YhIXvTn
Hace escasos días, el entonces presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso de Perú, lo que desencadenó en una ola de protestas en todo el país andino. Desde 1985, todos los presidentes que han pasado por el gobierno peruano han sido procesados o investigados (menos Valentín Paniagua, presidente constitucional durante 8 meses entre el año 2000 y 2001) por supuestos delitos de corrupción. Vizcarra, presidente desde 2018 hasta 2020, era destituido del cargo el pasado lunes 9 de noviembre por supuestos pagos irregulares. Concretamente, por “incapacidad moral”, según palabras de la propia Cámara. Actualmente, de las 130 personas que componen el Congreso, 68 están siendo investigadas por la Fiscalía por diferentes delitos.
Estos presuntos actos de corrupción de Vizcarra se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2014, cuando el expresidente era gobernador de la región de Moquegua. El pasado 18 de septiembre se filtraron informaciones procedentes de ‘aspirantes a colaborador eficaz’ en las que se confirmaban los presuntos delitos de corrupción del hasta entonces presidente. Vizcarra habría cobrado algo más de 548.000 euros para financiar el Hospital de Moquegua, entre otras cuestiones. Estas afirmaciones aún permanecen bajo investigación. Muchos ciudadanos peruanos entendieron la destitución de Martín Vizcarra como un golpe de estado y tomaron las calles.
Por consiguiente, la ciudadanía rechazó la toma de posesión de Manuel Merino, centroderechista de 59 años, elegido para relevar a Martín Vizcarra. Las manifestaciones fueron multitudinarias y fuertemente reprimidas por la policía. Decenas de miles de personas se concentraron en Lima y en otras ciudades del país. Tras seis días de continuas protestas, el pasado sábado se producían las primeras víctimas mortales, además de dejar a su paso casi un centenar de heridos. Dos jóvenes manifestantes de 22 y 24 años presentaban heridas de armas de fuego.
Tras estos dos asesinatos a manos de la policía peruana, el presidente que llevaba apenas cinco días en el cargo, Merino, dimitía. “En este momento en que el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, presento mi renuncia al cargo de presidente de la república”, declaraba en un mensaje emitido por televisión a la nación. “Creo en la lucha frontal con la corrupción, los corruptos no pueden representarnos, creo que el poder es para servir a los demás y no a poderes subalternos”, añadía. «Estos sucesos (los asesinatos de los manifestantes) deben ser profundamente investigados para determinar responsabilidades», concluía.
Con la llegada de Francisco Sagasti, Perú ha tenido un total de 4 presidentes en los últimos cuatro años. Dos de ellos en menos de una semana. Con Sagasti en el cargo, la Fiscalía seguirá investigando a Manuel Merino por homicidio doloso.
Esta nueva crisis política tiene lugar en plena pandemia, que deja ya un rastro de más de 35.000 personas fallecidas y casi un millón de contagios en el país. Los ciudadanos peruanos ejercerán de Gran Hermano: vigilarán los pasos de sus dirigentes políticos y no dudarán en tomar de nuevo las calles. Faltan 5 meses para las próximas elecciones.
Hace unos meses, el país exsoviético se hacía eco en todo el mundo tras las elecciones presidenciales, pero ahora parece haber desaparecido del mapa.
Manifestantes opositores protestan contra los resultados de las elecciones presidenciales en la Plaza de Independencia, Minsk, 20 de agosto de 2020. Fuente: Hispan TV
El pasado mes de agosto tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Bielorrusia. Los medios de comunicación de todo el mundo pusieron el foco en este país exsoviético que alcanzó su independencia en 1991. Tres años más tarde, Aleksandr Lukashenko conseguiría hacerse con el poder y, desde entonces, ha permanecido en el cargo. Ahora, tres meses después, apenas llegan noticias. ¿Dónde está Lukashenko? ¿Dónde está la oposición bielorrusa? ¿Continúan las protestas contra el gobierno?
La situación bielorrusa antes de la mediatización
Bielorrusia era un estado que formaba parte de la antigua Unión Soviética hasta que, en 1991, ésta fue disuelta y se formaron nuevos países a causa de la llamada Perestroika (reforma económica impulsada por el presidente Mijaíl Gorbachov para desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética).
Desde entonces, el único presidente que ha tenido el país ha sido Aleksandr Lukashenko. La duración de los mandatos, en su origen, era de 5 años, pero en 1996 se organizó un referéndum y la elección que debería haber sucedido en 1999 fue suspendida y trasladada al año 2001. En la constitución bielorrusa de 1994 se declaraba que el presidente electo sólo podía ocupar el cargo durante dos mandatos pero, debido a una reforma constitucional, esto se eliminó y se decretó que el presidente podía ser reelegido indefinidamente.
Como curiosidad, cabe destacar que Bielorrusia fue uno de los países más afectados durante la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que más de un 25% de la población se perdió durante la ocupación de la URSS por la Alemania nazi. Al final, la batalla se saldó con alrededor de 2 millones de personas asesinadas y casi toda la población judía eliminada. Casi el 85% de la capital resultó destruida por los continuos bombardeos.
Por otra parte, durante el desastre nuclear de Chernóbil, se pronosticó que cerca de un 70% de la actividad radioactiva cayó sobre Bielorrusia: casi todas las partículas malignas tomaron sus tierras.
El presidente de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko, en un desfile militar el 9 de mayo en Minsk. Fuente: EFE
Las opositoras que se atrevieron a desafiar a Lukashenko
Aleksandr Lukashenko, después de 26 años en el cargo, se postulaba para unas nuevas elecciones. Ahora, con diferencias. Lukashenko tenía una oposición principalmente liderada por mujeres. En concreto, tres: Svetlana Tijanóvskaya, Veronika Tsepkalo y María Kolesnikova.
Svetlana, traductora y profesora de inglés, decidió postularse después de que su marido, Serguéi Tijanovsk, fuera detenido y encarcelado tras dar a conocer su intención de presentarse a las elecciones; Veronika Tsepkalo, esposa del aspirante inhabilitado Valeri Tsepkalo, y María Kolesnikova, representante del también expostulante Víctor Babariko. Estas tres figuras masculinas, las cuales fueron inhabilitadas de la carrera presidencial antes de tiempo, se erigían como la oposición tradicional bielorrusa: el primero de ellos, detenido cuando participaba en un acto electoral para recaudar firmas; el segundo, exiliado en Rusia por amenazas y, el tercero, en prisión por supuesta evasión de impuestos y blanqueo de dinero.
Así, las tres mujeres se alzaban como las principales candidatas a desafiar al gobierno de Lukashenko, “el último dictador de Europa”. «Mi posición y el Estado nunca me permitirán llegar a ser un dictador… pero gobernar con estilo autoritario es una característica mía y siempre lo he admitido», afirmó el presidente en una entrevista a una radio bielorrusa en el año 2003.
Veronika Tsepkalo, Svetlana Tijanóvskaya y Maria Kolesnikova durante una conferencia de prensa en Minsk, Bielorrusia. Fuente: EFE / Tatyana Zenkovich
Verano de protestas
Los pasados meses de verano, el país se vio sumergido en una ola de arrestos (más de 2.000 personas fueron arrestadas durante la campaña) y protestas contra el gobierno. Todo esto contribuyó a que la campaña electoral fuese, sin ninguna duda, un recorrido arduo con numerosos obstáculos. La carrera, que se debatía entre una oposición que prometía nuevos aires para el país y un cansado gobierno de Aleksandr Lukashenko, continuaba en mitad de una sociedad cada vez más divergente.
Los mítines de la oposición resultaron ser masivos. El 30 de julio, Svetlana Tijanóvskaya conseguía reunir en Minsk más de 63.000 personas –así lo confirmaba Vyasná, grupo de derechos humanos–. Para ella, las manifestaciones supusieron ya una victoria. «Hemos ganado porque hemos vencido al miedo, la apatía y la indiferencia», afirmó.
Svetlana Tijanóvskaya durante una protesta en el país. AD Noticias
Con todo, llegaba el 9 de agosto, el día de las elecciones. El resultado final: Lukashenko ganaba, según la agencia de noticias estatal de Belta, con más de un 80% de los votos. La oposición, sin embargo, no llegaba ni al 10%. La oposición rechazó el dictamen electoral y lo calificaba como fraude. «El poder debe reflexionar sobre cómo cedernos el poder. Me considero vencedora de la elección», declaró Tijanóvskaya. Además, muchos expertos afirman que, desde el año 1995, no se han celebrado unas elecciones justas y libres en el país.
La población tomó las calles y la noche se clausuró con disturbios en más de 33 ciudades del país, así como con un muerto y decenas de heridos. Rusia y China, por su parte, felicitaron la victoria del líder bielorruso mientras que ciudades como Alemania advirtieron el fraude electoral.
La situación actual del país
Inmediatamente, después de las elecciones, la opositora Veronika Tsepkalo se marchó del país por miedo a la persecución, al igual que Tijanóvskaya, que se exilió a Lituania. “Svetlana Tijanóvskaya está a salvo, está en Lituania», comunicó el jefe de la diplomacia lituana a través de su cuenta oficial de Twitter.
A finales del mes de agosto, los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia) vetaron al gobierno de Lukashenko. En otro de los intentos del presidente por detener las protestas, la opositora María Kolesnikova fue secuestrada y detenida en septiembre y ahora permanece en prisión. Un poco más tarde, Kolesnikova fue imputada por atentar contra la seguridad nacional.
Varias mujeres sujetan dibujos de Tijanóvskaya, Tsepkalo y Kolesnikova, durante un acto de campaña de la candidata a las presidenciales bielorrusas Svetlana Tijanóvskaya, en Borisov. Fuente: Sergei Grits
El 23 de septiembre, Lukashenko se autoproclamó presidente. Ya en octubre, la Unión Europea pedía sanciones para el gobierno bielorruso: 40 altos cargos se encontraron en la lista de sancionados, de la cual se excluyó a Lukashenko. “Se les castiga con la prohibición de entrada al territorio comunitario al tiempo que se congela sus bienes en la UE. Se ha optado por el «enfoque gradual». Dejar la lista sin cerrar e ir añadiendo nombres a los que aplicar correctivos. Solo así se explica la ausencia del propio Lukashenko”, afirmaba el pasado mes el periódico español Hoy. Asimismo, Emmanuel Macron, añadía: “Si la situación se vuelve más complicada no nos abstendremos de incluirle”.
El 22 de octubre, las líderes que dirigieron la oposición bielorrusa recibieron el Premio Sájarov 2020, concedido por el Parlamento Europeo. “Una iniciativa de mujeres valientes y figuras políticas y de la sociedad civil”, según las palabras de la propia Eurocámara.
Ya en el mes de noviembre, Lukashenko continúa en su intento por recuperar las relaciones con la Rusia de Putin y plantea la idea de crear una segunda central nuclear en el país. El 4 de noviembre, Alemania emitió un comunicado en el que negaba la legitimidad de Lukashenko como presidente electo y reclamaba la celebración de unas nuevas elecciones, bajo la vigilancia de miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Esta misma institución demanda la cancelación de los resultados electorales y una nueva llamada a las urnas bielorrusas. Según afirma la agencia de noticias rusa Sputnik, las autoridades bielorrusas rechazaron el informe por falta de exhaustividad y afirman que Minsk no acepta sus recomendaciones.
Aleksandr Lukashenko añade como respuesta que “los alemanes ayer se preocuparon por los bielorrusos e incluso aprobaron en el Parlamento una decisión para Bielorrusia”. “Es mejor que primero aclaren la situación allí. Pongan las cosas en claro en Polonia, que está más cerca. Y lo más importante es ver si ellos exigirán a los estadounidenses que realicen unas nuevas elecciones”, concluyó el líder bielorruso.
Las protestas contra la sentencia del Tribunal Constitucional Polaco en contra del aborto han conseguido que el Ejecutivo retroceda en su decisión. Centenares de miles de manifestantes piden la dimisión del Gobierno ultraconservador, mientras que la sentencia se queda actualmente en una especie de limbo legal.
Fuente: Marcin Stepien / Agencia Gazeta, via Reuters
El pasado 22 de octubre, el Tribunal Constitucional acordó impedir el aborto por malformación del feto. El Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) defendía que el aborto por malformación del feto “suponía el asesinato selectivo de niños sospechosos de enfermedad”. Tras esta prohibición, el aborto únicamente se contemplaría en caso de violación, incesto o si la madre corre peligro. Esta decisión ha provocado revueltas contra el Gobierno, sobre todo, pero también contra la Iglesia, que desde hace años presionaba para que el Gobierno endureciera o eliminara el acceso al aborto.
En Katowice, este domingo 25 de octubre, los manifestantes llevaron su indignación hacia los lugares de culto. Alrededor de 7.000 personas protestaron en frente de la Catedral al grito de “ley humana, no eclesiástica”. El mismo día, en una catedral de Lodz, mujeres vestidas como los personajes de El cuento de la criada irrumpían y protestaban.
“Nuestra rabia debe estar dirigida hacia los políticos, pero también hacia los altos mandos de la iglesia ya que ellos también han contribuido a este infierno para las mujeres que están preparando las autoridades”
Mateusz Sulwinski, organizador de similares protestas en Poznam
El 31 de octubre más de 100.000 personas protestaron contra la medida en Varsovia. Fue la mayor manifestación antigubernamental desde que Ley y Justicia entró al poder hace cinco años. Grupos ultraderechistas lanzaron bengalas a la multitud que participaba en la protesta, que por lo demás se desarrolló de manera pacífica.
En los carteles, nombre de la organización feminista Strajk Kobiet y en el otro se lee un lema contra el partido del Gobierno: «Pis OFF». Fuente: Janek Skarzynski, AFP
«Vamos a protestar, pero en Internet»
Mateusz Morawiecki sobre las protestas
Las manifestaciones han coincidido con un aumento de contagios. A un paso del confinamiento domiciliario, con 24.700 casos únicamente el pasado 4 de noviembre. Polonia se encuentra entre los países más afectados por la pandemia, sin haber sido capaces de superar el pico. El primer ministro intenta apelar a la conciencia ciudadana «Vamos a protestar, pero en Internet», ha planteado. Muchas mujeres opinan ser peones utilizados por el Gobierno para distraer la atención de su manejo de la pandemia.
Michal Dworczyk, portavoz del Ejecutivo, explicó que el retraso se debe a que los miembros del Gobierno están analizando alternativas a la polémica decisión. Sin embargo este retraso puede suponer una ilegalidad. «Hasta que no se publique la sentencia hay una falta de seguridad jurídica para los profesionales de la salud. Y esto, en un Estado democrático, no debería pasar” comenta Adam Krzywon, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Varsovia.
A raíz de las protestas, Mateusz Morawiecki, primer ministro, ha pedido los manifestantes llegar a una solución a través del diálogo. La propuesta ha sido rechazada por los organizadores, que además han anunciado más protestas.
Fuente imagen de cabecera: Marcin Stepien / Agencia Gazeta, via Reuters
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