Humillación pública a dos homosexuales en Indonesia

Hace unas semanas, en la provincia de Aceh (Indonesia), condenaron a una pareja homosexual, formada por dos varones, a 77 latigazos por mantener relaciones sexuales en noviembre de 2020 en una habitación alquilada por ellos. El Tribunal ha justificado esta tortura argumentando que se ha producido una violación de la regulación vigente
Fuente: AsiaNews.it

El pasado noviembre, la pareja homosexual fue descubierta por el dueño de la vivienda que arrendaron para mantener relaciones sexuales. El Tribunal inicialmente estableció como castigo un total de 80 flagelaciones, pero se redujeron a 77 porque pasaron tres meses en prisión. El acto se llevó a cabo delante de una multitud. Tres verdugos enmascarados se turnaban para azotar a los condenados mediante el uso de una caña de ratán. Se les permitió beber agua en medio de las torturas. La madre de uno de ellos sufrió un mareo durante el acto.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo, ya que el «castigo» se produjo, incluso, delante de medios de comunicación que captaron el momento de la tortura. No solo se torturó a estos jóvenes de 27 y 28 años. Varias personas fueron también torturadas por consumo de alcohol o adulterio. El tribunal considera estos delitos como «delitos contra la moral» cuyo castigo puede incluir hasta 100 azotes.

La legislación que rige en Aceh desde el año 2014 que considera la homosexualidad como delito, es la islámica, cuyo contenido es mucho más conservador. El origen de esta legislación se encuentra en el año 2005, debido a un acuerdo de paz tras el tsunami que afectó a la provincia.

Fuente: La verdad

Esta legislación es compartida e incluso bien vista por algunos de sus habitantes, quienes llegan a manifestar que se debería «asesorar» o «rehabilitar» a los homosexuales. La comunidad LGTBIQ se ve perjudicada por la legislación en esta provincia y en el resto de países islámicos donde esta regulación esta vigente. Además, el colectivo soporta vivir con prejuicios, acoso y discriminación día tras día.

Cuando la provincia de Aceh aceptó la sharía (ley islámica), los gobernantes de indonesia se comprometieron a que la legislación debería respetar a las minorías religiosas y los derechos humanos internacionales, ya que, fuera de esta provincia y en el resto del país indonesio la homosexualidad no está prohibida.

Heru Triwijanarko, encargado del mantenimiento del orden en Aceh, declaró para Yahoo Noticias lo siguiente:

«La aplicación de la ley islámica es definitiva, no importa de quien se trate, e incluso los visitantes deben respetar las normas locales»

Heru Triwijanarko

Pero este caso no es aislado, sino que se han dado en los años anteriores más castigos como estos. Las criticas hacia estos actos por parte de la población mundial son recogidas por los gobernantes de la provincia como «islamofobia». El presidente de Indonesia, pide que esta forma de tortura sea derogada, y una parte de los habitantes de la provincia se une a la propuesta.

Andreas Harsono, investigador de la organización no gubernamental encargada de la defensa y protección de los derechos humanos (Human Rights Watch) en Indonesia, calificó el acto como homófobo y declaró: «Si se va a considerar a Indonesia un país civilizado … el gobierno debe detener la práctica de la tortura en Aceh»

Hay que destacar que casos como estos no solo ocurren en indonesia. La ley islámica tampoco es la única que prohíbe las relaciones afectivas y amorosas de parejas homosexuales.

En Arabia Saudita se aplica también la ley de la Sharía. En Irán se establece la pena de muerte por delito de Sodomía, aunque el castigo será únicamente aplicado a la persona que recibe. A pesar de todo, en este país también tendrá la última palabra el juez de la Sharía. En Sudán también se castiga el delito de Sodomía. Si se lleva a cabo por primera vez, la pena constará de 100 latigazos. Si se da un tercer caso se tomará la pena de muerte. En Yemen se establece la pena de muerte para varones homosexuales, mientras que a las mujeres se les condena de 3 a 4 años de prisión. El caso de Nigeria y Somalia es parecido al de Indonesia. Aquellos territorios controlados por los islamistas aplican la ley de la Sharía.

Estos son solo los países mas representativos en los que se da estas legislaciones en contra de la unión y relación entre personas del mismo sexo. A continuación, se muestra un mapa donde se muestran todos los países en los que la legislación va en contra de los homosexuales.

Fuente: ILGA / BBC

33 de estos países tienen como denominador común la Commonwealth; países que son semi-independientes o independientes de las colonias británicas cuyos estatutos legislativos parten del mismo origen, el antiguo colonialismo británico. Desde el año 2001, muchos países comenzaron a legalizar el matrimonio homosexual, siendo los últimos países incorporados a la lista en 2017 Finlandia, Malta, Alemania, Australia y Austria (2019).

En 2018, la India derogó la ley que establecía como ilegal las relaciones entre homosexuales. El jefe de la corte suprema, Dipak Misra, aportó que «criminalizar las relaciones sexuales es irracional, arbitrario y manifiestamente inconstitucional».

La ley de eutanasia es una realidad en España

El Congreso aprueba un derecho que llega a nuestro país tras años de lucha por parte de distintos colectivos que pedían libertad para morir con dignidad.

España ha visto surgir una nueva ley que refuerza el artículo 15 de la Constitución. El Congreso de los Diputados dio luz verde a la ley de eutanasia con 198 votos a favor. Un gran respaldo que solo tuvo la negativa de PP, Vox y UPN. Fueron contabilizadas, además, dos abstenciones. La votación culminó con los aplausos de los diputados presentes en el Parlamento, y la alegría de las personas que lucharon durante años por este derecho a morir con dignidad.

La pasada semana, la Comisión de Justicia del Congreso dio el visto bueno al texto definitivo que radica en la enmienda realizada por el PSOE. La cámara baja, con la presencia de unos pocos diputados —los demás votaron de manera telemática—, aprobó la ley. Ahora, es el turno del Senado, cuyo escrutinio será casi definitivo. El Ejecutivo plantea que sea vigente en los primeros meses de 2021. Según el texto, lo será tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Dicho texto contempla un «nuevo derecho individual». El ordenamiento jurídico ampara la libertad del paciente porque «no hay un deber constitucional que obligue a tutelar la vida de una persona en contra de su voluntad». Se podrá llevar a cabo de dos formas distintas: un médico pone fin a la vida del paciente que lo solicite o, si así lo desea, por ‘suicidio asistido’. Esto es, el sanitario proporcionará los recursos a la persona y le atenderá para que sea el paciente quien ejecute la eutanasia.

Para solicitar el recurso, el individuo deberá ser mayor de edad «en plena capacidad de decidir», tener la nacionalidad española o un certificado de empadronamiento que acredite una estancia en el país de al menos doce meses. Deberá padecer una enfermedad incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que conlleve un «dolor físico y psíquico insoportable» que no tenga remedio. La ley obliga previamente a informar por escrito de posibles alternativas de cuidados paliativos. Los médicos podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia, expresándolo así de manera anticipada y por escrito. La solicitud de la eutanasia será gratuita y estará integrada en el Sistema Nacional de Salud.

El debate que precedió a la votación estuvo cargado de discrepancias entre grupos parlamentarios. Por una parte, Luisa Carcedo, portavoz del PSOE, apeló a «la decisión del paciente en una situación extrema». Reafirmó que la ley es «absolutamente garantista». Rosa María Medel, de Unidas Podemos, habló de «día histórico» y la «garantía de la autonomía personal». Pese al apoyo, ERC y EH Bildu lamentaron los controles previos que, según ellos, puede convertir el proceso «en un calvario». Inés Arrimadas mostró el apoyo de Ciudadanos a la ley porque «es un derecho garantista que nos permite poner fin a nuestras vidas según nuestras propias convicciones».

En el otro extremo, José Ignacio Echániz, del PP, la considera una ley «injusta e inconstitucional», apelando a los cuidados paliativos como alternativa. Vox, que recurrirá al Tribunal Constitucional acusó, por medio de Lourdes Méndez, a los partidarios de la ley de «introducir la industria de la muerte en España».

En Twitter, el Vicepresidente segundo Pablo Iglesias y el ministro Garzón, entre otros, celebraron la aprobación de la ley.

Casi 40 años de lucha

El activismo ha sido la pieza clave para que el deseo de muchas personas de dejar la vida dignamente sea posible. Abanderando la lucha se encuentra la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que ha luchado durante 36 años para dar esa posibilidad a las personas en situación extrema. A las puertas del Congreso se encontraba un grupo de representantes de la asociación, que sonreían ante la aprobación.

Gran día para Ángel Hernández, una de las caras más representativas de la lucha. Ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple que dio su consentimiento expreso para fallecer. En octubre, la Fiscalía pidió seis meses de cárcel para Hernández. Sin embargo, el Ministerio fiscal aseguró que no mostraría oposición a un indulto. Desde el próximo año, será posible ayudar a personas como María José a poner fin a su sufrimiento de manera digna.