Llevamos ya meses viendo como la clase política juguetea, una vez más, con los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Este juego es solo uno más de los tantos que se trae nuestra política entre manos, con el único objetivo de aglutinar votantes en sus filas.
La política española hoy en día se puede entender fácilmente si nos imaginamos un mercado como la bolsa, donde los partidos, en vez de competir por acciones, compiten por votos. La mayoría de las promesas y actuaciones que los partidos realizan tienen un fin último perfectamente definido, muy alejado de la concepción de la política como un instrumento para resolver los problemas colectivos, esto es, conseguir la mayor cuota de poder posible.
La lucha política por el control del Consejo destaca entre las demás debido a la relevancia del tema por el que se disputa: la independencia judicial, un concepto que España jamás ha vislumbrado. No es necesario aclarar que antes del franquismo, y durante él, la independencia judicial brilló por su ausencia. Pero, en contra de lo que muchos creen, tampoco con la entrada del régimen de 1978 se instauró en España una situación de independencia de los órganos judiciales.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial, encabezado por el presidente del Tribunal Supremo y compuesto por 20 vocales. El Consejo es el órgano superior de administración de la justicia: se encarga del régimen interior del poder judicial, con funciones administrativas y gubernativas. Uno podría pensar que es lógico que este órgano se constituya de forma independiente al poder de la clase gobernante ya que, como numerosos filósofos y politólogos han sostenido a lo largo de la historia, uno de los principios políticos que evita y controla la corrupción política es la separación de poderes. Principio que debería ser considerado fundamental y rector de una democracia.
En España, no solo no gozamos de la separación de poderes, sino que la importancia que concede la ciudadanía a este principio es mínima, siendo una cuestión incluso desconocida para la mayoría de los ciudadanos. Los 20 vocales del Consejo pasan de una manera u otra por la aprobación de las dos cámaras que conforman las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado. El poder judicial depende del poder político.
El desconocimiento general de la ciudadanía viene acompañado de una tergiversación de los conceptos por parte de nuestros dirigentes y de gran parte de la opinión pública. Así algunos partidos, como Podemos o PSOE, manifiestan su intención de modificar la ley que regula la renovación del Consejo con el único fin de hacerse con el control de este importante órgano, no con la intención de independizarlo.
Lo curioso es la capacidad que tienen los partidos para cambiar el rumbo de sus propuestas sin perder apoyo de su masa votante. El ejemplo de los socialistas y Podemos, que defienden su nueva propuesta a pesar de haber denunciado durante varias campañas electorales el uso político del Consejo por parte del Partido Popular. En 2014, en una entrevista en Al Rojo Vivo, Pedro Sánchez afirmaba que “hay que despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y que sea independiente. He propuesto al presidente que los partidos dejemos de proponer candidatos.” En un tuit, Podemos calificaba la despolitización de la justicia como “una prioridad”, culpando al PP y al PSOE de la continuidad de este sistema de elección.
¿Cómo justifican estos partidos su cambio de opinión? Despertando los sentimientos de sus votantes para que apoyen sus derivas. Consiguen que a una persona le parezca aberrante que el PP controle el Consejo, pero perfectamente razonable una situación en la que el PSOE tiene el control. ¿Cuál es la diferencia? A una gran masa no le importa que los partidos abusen de los poderes del estado mientras quien lo haga, sea al que ellos apoyan.
Por otro lado, el Partido Popular, que perdió su mayoría parlamentaria, no se salva de todas estas consideraciones. Su último gobierno defendía el sistema que le permitía mantener el control de la justicia, mientras que ahora critica la actitud del actual gobierno de coalición. La frase que resume la posición de los partidos es la siguiente: me gusta cómo está conformado todo, mientras sea yo el que lo controle. Y es que el sistema político español concentra excesivamente los tres poderes del estado sobre los partidos políticos, llegando a ser considerado por algunos estudiosos como una partidocracia.
Cuando se critica cierto aspecto político o social de un país o gobierno, se recurre a la comparación con otros para defenderlo. Nuestra posición en Europa es poco reconfortante: España, después de Polonia, es el país con más injerencia política estructural en los órganos judiciales, según el último informe de la Comisión Europea. Es de los pocos países de la Unión donde la elección de estos órganos pasa por la aprobación política.
El momento que vivimos es de enorme complejidad histórica y social. Los partidos han ido incrementando su poder en el Estado, convirtiendo la política en un teatro donde prácticamente todo vale para desacreditar a tu adversario. La justicia se ha visto vapuleada y descuidada por los partidos que, para más inri, pretenden mantenerla controlada.
Las nuevas formaciones, que venían proclamando que derrocarían al bipartidismo, han demostrado no tener distintas intenciones. En este punto, el ciudadano como individuo tiene una responsabilidad notoria respecto a lo que tolera y permite que sus políticos hagan. La razón del ciudadano debe mantenerse firme ante la identidad política y los sentimientos que los partidos instrumentalizan para lograr sus intereses.
Voz Nueva 