El pasado martes 1 de diciembre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, inauguró el nuevo hospital Zendal ubicado en Valdebebas. En tiempos de pandemia y crisis sanitaria como la que vive España en estos momentos, y especialmente por el impacto de la covid-19 en Madrid, debería ser motivo de celebración. Sin embargo, ha provocado una respuesta totalmente contraria sobre la población española y, en concreto, sobre los profesionales sanitarios de la comunidad.
Fuente: El Periódico
Uno de lo principales problemas recae sobre el cuerpo médico ya que el personal que va a cubrir una parte de los puestos vacantes son provienen de los diferentes hospitales de la comunidad. Las quejas de los médicos se centran en la excesiva inversión de capital en nuevas infraestructuras cuando hay, por ejemplo, camas UCI vacías en los distintos centros de Madrid —Hospital de Vallecas, Hospital de San Sebastián de los Reyes o el antiguo Hospital Puerta de Hierro—, asegura la Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería, faltando en la comunidad personal médico para atender a los pacientes ya ingresados.
Para mostrar el descontento el día de la inauguración de este hospital un centenar de médicos se concentraron en la puerta de este con gritos como “Menos hospitales y más profesionales”. Se manifestaron en contra de “la política del ladrillazo” de Isabel Díaz Ayuso, ya que usa esta nueva infraestructura como un “escaparate”, y para defender la sanidad pública. Dora García, portavoz del movimiento, ha declarado para Europa Press que «el nuevo hospital representa la especulación, el ladrillo y la devastación de la sanidad pública madrileña. Utilidad puede tener poca, y de hecho no va a tener pacientes hasta dentro de unos días. No tiene trabajadores y ha tenido un sobrecoste de más del doble».
Los primeros pacientes que acogerá serán los más leves y a pesar de contar con 16 camas UCI y 32 Unidades de Cuidados Intermedios, de momento, solo estarán disponibles dos o tres. Así queda reflejado en una carta enviada por la dirección del Hospital Clínico San Carlos. Además, la apertura del hospital Zendal va a ser progresiva en parte porque está inacabado, y de las 1.000 camas disponibles empezarán a estar operativas 240.
Fuente: J. Hellín. POOL (Europa Press)
En el núcleo de la polémica encontramos también el tema de la financiación del centro. El coste ha sido elevado, doblando la cifra con la que se había planteado inicialmente el proyecto, alcanzando los 100 millones de euros. Las empresas que han llevado a cabo la construcción no han sido elegidas por concurso público y la inauguración se ha producido un mes después de la fecha prevista que era el 31 de octubre.
El sindicato de comisiones obreras ha querido mostrar su descontento porque la seguridad de los trabajadores ha dejado mucho que desear —falta de protección, incumplimientos de convenios colectivos, etc.— y para poder acabar en el plazo han ocurrido numerosos accidentes e incidentes como la caída de un trabajador desde las alturas que ha resultado en fallecimiento.
Fuente: Sindicato Asambleario de Sanidad
A pesar de la polémica, Isabel Díaz Ayuso está convencida de que su iniciativa es buena, dejándolo claro en una entrevista ofrecida por Telemadrid: “es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con mil camas y va a tener casi tantas UCIs como… tienen… otras… ehh… todas una provincia entera de España. No le va a faltar de nada”. Sin embargo, cuando le preguntan por las controversias a la hora de reorganizar a los profesionales ha respondido que ella no es la responsable de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad.
El Hospital Zendal finalmente ha abierto sus puertas y la evolución de la pandemia en Madrid acabará mostrando si la construcción de este ha sido necesaria o no.
Tras la dimisión de Manuel Merino, Francisco Sagasti llega al cargo «por la estabilidad política del país»
Centenares de manifestantes protestan en Lima tras la destitución de Martín Vizcarra, 14 de noviembre de 2020. Ernesto Benavides, AFP.
Tras 27 horas con un vacío de poder, ayer, 16 de noviembre, el Congreso nombraba a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino de Perú. Sagasti, ex funcionario del Banco Mundial y perteneciente al Partido Morado, llega al cargo, según las propias palabras de los que le dieron apoyo, «Por la estabilidad política del país», «por la tranquilidad y la paz», «para que se acaben las protestas», «por la reconciliación nacional…» La tarea de Sagasti será ardua: deberá encargarse de otorgar estabilidad al país, poner fin a las protestas que llevan sucediendo varios días y mediar la reconciliación nacional hasta las próximas elecciones de abril.
"Hoy no es un día de celebración, porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas expresando sus puntos de vista", presidente del Congreso, Francisco Sagasti Hochhausler. #PlenoVirtualpic.twitter.com/Va5YhIXvTn
Hace escasos días, el entonces presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso de Perú, lo que desencadenó en una ola de protestas en todo el país andino. Desde 1985, todos los presidentes que han pasado por el gobierno peruano han sido procesados o investigados (menos Valentín Paniagua, presidente constitucional durante 8 meses entre el año 2000 y 2001) por supuestos delitos de corrupción. Vizcarra, presidente desde 2018 hasta 2020, era destituido del cargo el pasado lunes 9 de noviembre por supuestos pagos irregulares. Concretamente, por “incapacidad moral”, según palabras de la propia Cámara. Actualmente, de las 130 personas que componen el Congreso, 68 están siendo investigadas por la Fiscalía por diferentes delitos.
Estos presuntos actos de corrupción de Vizcarra se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2014, cuando el expresidente era gobernador de la región de Moquegua. El pasado 18 de septiembre se filtraron informaciones procedentes de ‘aspirantes a colaborador eficaz’ en las que se confirmaban los presuntos delitos de corrupción del hasta entonces presidente. Vizcarra habría cobrado algo más de 548.000 euros para financiar el Hospital de Moquegua, entre otras cuestiones. Estas afirmaciones aún permanecen bajo investigación. Muchos ciudadanos peruanos entendieron la destitución de Martín Vizcarra como un golpe de estado y tomaron las calles.
Por consiguiente, la ciudadanía rechazó la toma de posesión de Manuel Merino, centroderechista de 59 años, elegido para relevar a Martín Vizcarra. Las manifestaciones fueron multitudinarias y fuertemente reprimidas por la policía. Decenas de miles de personas se concentraron en Lima y en otras ciudades del país. Tras seis días de continuas protestas, el pasado sábado se producían las primeras víctimas mortales, además de dejar a su paso casi un centenar de heridos. Dos jóvenes manifestantes de 22 y 24 años presentaban heridas de armas de fuego.
Tras estos dos asesinatos a manos de la policía peruana, el presidente que llevaba apenas cinco días en el cargo, Merino, dimitía. “En este momento en que el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, presento mi renuncia al cargo de presidente de la república”, declaraba en un mensaje emitido por televisión a la nación. “Creo en la lucha frontal con la corrupción, los corruptos no pueden representarnos, creo que el poder es para servir a los demás y no a poderes subalternos”, añadía. «Estos sucesos (los asesinatos de los manifestantes) deben ser profundamente investigados para determinar responsabilidades», concluía.
Con la llegada de Francisco Sagasti, Perú ha tenido un total de 4 presidentes en los últimos cuatro años. Dos de ellos en menos de una semana. Con Sagasti en el cargo, la Fiscalía seguirá investigando a Manuel Merino por homicidio doloso.
Esta nueva crisis política tiene lugar en plena pandemia, que deja ya un rastro de más de 35.000 personas fallecidas y casi un millón de contagios en el país. Los ciudadanos peruanos ejercerán de Gran Hermano: vigilarán los pasos de sus dirigentes políticos y no dudarán en tomar de nuevo las calles. Faltan 5 meses para las próximas elecciones.
Hace unos meses, el país exsoviético se hacía eco en todo el mundo tras las elecciones presidenciales, pero ahora parece haber desaparecido del mapa.
Manifestantes opositores protestan contra los resultados de las elecciones presidenciales en la Plaza de Independencia, Minsk, 20 de agosto de 2020. Fuente: Hispan TV
El pasado mes de agosto tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Bielorrusia. Los medios de comunicación de todo el mundo pusieron el foco en este país exsoviético que alcanzó su independencia en 1991. Tres años más tarde, Aleksandr Lukashenko conseguiría hacerse con el poder y, desde entonces, ha permanecido en el cargo. Ahora, tres meses después, apenas llegan noticias. ¿Dónde está Lukashenko? ¿Dónde está la oposición bielorrusa? ¿Continúan las protestas contra el gobierno?
La situación bielorrusa antes de la mediatización
Bielorrusia era un estado que formaba parte de la antigua Unión Soviética hasta que, en 1991, ésta fue disuelta y se formaron nuevos países a causa de la llamada Perestroika (reforma económica impulsada por el presidente Mijaíl Gorbachov para desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética).
Desde entonces, el único presidente que ha tenido el país ha sido Aleksandr Lukashenko. La duración de los mandatos, en su origen, era de 5 años, pero en 1996 se organizó un referéndum y la elección que debería haber sucedido en 1999 fue suspendida y trasladada al año 2001. En la constitución bielorrusa de 1994 se declaraba que el presidente electo sólo podía ocupar el cargo durante dos mandatos pero, debido a una reforma constitucional, esto se eliminó y se decretó que el presidente podía ser reelegido indefinidamente.
Como curiosidad, cabe destacar que Bielorrusia fue uno de los países más afectados durante la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que más de un 25% de la población se perdió durante la ocupación de la URSS por la Alemania nazi. Al final, la batalla se saldó con alrededor de 2 millones de personas asesinadas y casi toda la población judía eliminada. Casi el 85% de la capital resultó destruida por los continuos bombardeos.
Por otra parte, durante el desastre nuclear de Chernóbil, se pronosticó que cerca de un 70% de la actividad radioactiva cayó sobre Bielorrusia: casi todas las partículas malignas tomaron sus tierras.
El presidente de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko, en un desfile militar el 9 de mayo en Minsk. Fuente: EFE
Las opositoras que se atrevieron a desafiar a Lukashenko
Aleksandr Lukashenko, después de 26 años en el cargo, se postulaba para unas nuevas elecciones. Ahora, con diferencias. Lukashenko tenía una oposición principalmente liderada por mujeres. En concreto, tres: Svetlana Tijanóvskaya, Veronika Tsepkalo y María Kolesnikova.
Svetlana, traductora y profesora de inglés, decidió postularse después de que su marido, Serguéi Tijanovsk, fuera detenido y encarcelado tras dar a conocer su intención de presentarse a las elecciones; Veronika Tsepkalo, esposa del aspirante inhabilitado Valeri Tsepkalo, y María Kolesnikova, representante del también expostulante Víctor Babariko. Estas tres figuras masculinas, las cuales fueron inhabilitadas de la carrera presidencial antes de tiempo, se erigían como la oposición tradicional bielorrusa: el primero de ellos, detenido cuando participaba en un acto electoral para recaudar firmas; el segundo, exiliado en Rusia por amenazas y, el tercero, en prisión por supuesta evasión de impuestos y blanqueo de dinero.
Así, las tres mujeres se alzaban como las principales candidatas a desafiar al gobierno de Lukashenko, “el último dictador de Europa”. «Mi posición y el Estado nunca me permitirán llegar a ser un dictador… pero gobernar con estilo autoritario es una característica mía y siempre lo he admitido», afirmó el presidente en una entrevista a una radio bielorrusa en el año 2003.
Veronika Tsepkalo, Svetlana Tijanóvskaya y Maria Kolesnikova durante una conferencia de prensa en Minsk, Bielorrusia. Fuente: EFE / Tatyana Zenkovich
Verano de protestas
Los pasados meses de verano, el país se vio sumergido en una ola de arrestos (más de 2.000 personas fueron arrestadas durante la campaña) y protestas contra el gobierno. Todo esto contribuyó a que la campaña electoral fuese, sin ninguna duda, un recorrido arduo con numerosos obstáculos. La carrera, que se debatía entre una oposición que prometía nuevos aires para el país y un cansado gobierno de Aleksandr Lukashenko, continuaba en mitad de una sociedad cada vez más divergente.
Los mítines de la oposición resultaron ser masivos. El 30 de julio, Svetlana Tijanóvskaya conseguía reunir en Minsk más de 63.000 personas –así lo confirmaba Vyasná, grupo de derechos humanos–. Para ella, las manifestaciones supusieron ya una victoria. «Hemos ganado porque hemos vencido al miedo, la apatía y la indiferencia», afirmó.
Svetlana Tijanóvskaya durante una protesta en el país. AD Noticias
Con todo, llegaba el 9 de agosto, el día de las elecciones. El resultado final: Lukashenko ganaba, según la agencia de noticias estatal de Belta, con más de un 80% de los votos. La oposición, sin embargo, no llegaba ni al 10%. La oposición rechazó el dictamen electoral y lo calificaba como fraude. «El poder debe reflexionar sobre cómo cedernos el poder. Me considero vencedora de la elección», declaró Tijanóvskaya. Además, muchos expertos afirman que, desde el año 1995, no se han celebrado unas elecciones justas y libres en el país.
La población tomó las calles y la noche se clausuró con disturbios en más de 33 ciudades del país, así como con un muerto y decenas de heridos. Rusia y China, por su parte, felicitaron la victoria del líder bielorruso mientras que ciudades como Alemania advirtieron el fraude electoral.
La situación actual del país
Inmediatamente, después de las elecciones, la opositora Veronika Tsepkalo se marchó del país por miedo a la persecución, al igual que Tijanóvskaya, que se exilió a Lituania. “Svetlana Tijanóvskaya está a salvo, está en Lituania», comunicó el jefe de la diplomacia lituana a través de su cuenta oficial de Twitter.
A finales del mes de agosto, los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia) vetaron al gobierno de Lukashenko. En otro de los intentos del presidente por detener las protestas, la opositora María Kolesnikova fue secuestrada y detenida en septiembre y ahora permanece en prisión. Un poco más tarde, Kolesnikova fue imputada por atentar contra la seguridad nacional.
Varias mujeres sujetan dibujos de Tijanóvskaya, Tsepkalo y Kolesnikova, durante un acto de campaña de la candidata a las presidenciales bielorrusas Svetlana Tijanóvskaya, en Borisov. Fuente: Sergei Grits
El 23 de septiembre, Lukashenko se autoproclamó presidente. Ya en octubre, la Unión Europea pedía sanciones para el gobierno bielorruso: 40 altos cargos se encontraron en la lista de sancionados, de la cual se excluyó a Lukashenko. “Se les castiga con la prohibición de entrada al territorio comunitario al tiempo que se congela sus bienes en la UE. Se ha optado por el «enfoque gradual». Dejar la lista sin cerrar e ir añadiendo nombres a los que aplicar correctivos. Solo así se explica la ausencia del propio Lukashenko”, afirmaba el pasado mes el periódico español Hoy. Asimismo, Emmanuel Macron, añadía: “Si la situación se vuelve más complicada no nos abstendremos de incluirle”.
El 22 de octubre, las líderes que dirigieron la oposición bielorrusa recibieron el Premio Sájarov 2020, concedido por el Parlamento Europeo. “Una iniciativa de mujeres valientes y figuras políticas y de la sociedad civil”, según las palabras de la propia Eurocámara.
Ya en el mes de noviembre, Lukashenko continúa en su intento por recuperar las relaciones con la Rusia de Putin y plantea la idea de crear una segunda central nuclear en el país. El 4 de noviembre, Alemania emitió un comunicado en el que negaba la legitimidad de Lukashenko como presidente electo y reclamaba la celebración de unas nuevas elecciones, bajo la vigilancia de miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Esta misma institución demanda la cancelación de los resultados electorales y una nueva llamada a las urnas bielorrusas. Según afirma la agencia de noticias rusa Sputnik, las autoridades bielorrusas rechazaron el informe por falta de exhaustividad y afirman que Minsk no acepta sus recomendaciones.
Aleksandr Lukashenko añade como respuesta que “los alemanes ayer se preocuparon por los bielorrusos e incluso aprobaron en el Parlamento una decisión para Bielorrusia”. “Es mejor que primero aclaren la situación allí. Pongan las cosas en claro en Polonia, que está más cerca. Y lo más importante es ver si ellos exigirán a los estadounidenses que realicen unas nuevas elecciones”, concluyó el líder bielorruso.
Las protestas contra la sentencia del Tribunal Constitucional Polaco en contra del aborto han conseguido que el Ejecutivo retroceda en su decisión. Centenares de miles de manifestantes piden la dimisión del Gobierno ultraconservador, mientras que la sentencia se queda actualmente en una especie de limbo legal.
Fuente: Marcin Stepien / Agencia Gazeta, via Reuters
El pasado 22 de octubre, el Tribunal Constitucional acordó impedir el aborto por malformación del feto. El Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) defendía que el aborto por malformación del feto “suponía el asesinato selectivo de niños sospechosos de enfermedad”. Tras esta prohibición, el aborto únicamente se contemplaría en caso de violación, incesto o si la madre corre peligro. Esta decisión ha provocado revueltas contra el Gobierno, sobre todo, pero también contra la Iglesia, que desde hace años presionaba para que el Gobierno endureciera o eliminara el acceso al aborto.
En Katowice, este domingo 25 de octubre, los manifestantes llevaron su indignación hacia los lugares de culto. Alrededor de 7.000 personas protestaron en frente de la Catedral al grito de “ley humana, no eclesiástica”. El mismo día, en una catedral de Lodz, mujeres vestidas como los personajes de El cuento de la criada irrumpían y protestaban.
“Nuestra rabia debe estar dirigida hacia los políticos, pero también hacia los altos mandos de la iglesia ya que ellos también han contribuido a este infierno para las mujeres que están preparando las autoridades”
Mateusz Sulwinski, organizador de similares protestas en Poznam
El 31 de octubre más de 100.000 personas protestaron contra la medida en Varsovia. Fue la mayor manifestación antigubernamental desde que Ley y Justicia entró al poder hace cinco años. Grupos ultraderechistas lanzaron bengalas a la multitud que participaba en la protesta, que por lo demás se desarrolló de manera pacífica.
En los carteles, nombre de la organización feminista Strajk Kobiet y en el otro se lee un lema contra el partido del Gobierno: «Pis OFF». Fuente: Janek Skarzynski, AFP
«Vamos a protestar, pero en Internet»
Mateusz Morawiecki sobre las protestas
Las manifestaciones han coincidido con un aumento de contagios. A un paso del confinamiento domiciliario, con 24.700 casos únicamente el pasado 4 de noviembre. Polonia se encuentra entre los países más afectados por la pandemia, sin haber sido capaces de superar el pico. El primer ministro intenta apelar a la conciencia ciudadana «Vamos a protestar, pero en Internet», ha planteado. Muchas mujeres opinan ser peones utilizados por el Gobierno para distraer la atención de su manejo de la pandemia.
Michal Dworczyk, portavoz del Ejecutivo, explicó que el retraso se debe a que los miembros del Gobierno están analizando alternativas a la polémica decisión. Sin embargo este retraso puede suponer una ilegalidad. «Hasta que no se publique la sentencia hay una falta de seguridad jurídica para los profesionales de la salud. Y esto, en un Estado democrático, no debería pasar” comenta Adam Krzywon, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Varsovia.
A raíz de las protestas, Mateusz Morawiecki, primer ministro, ha pedido los manifestantes llegar a una solución a través del diálogo. La propuesta ha sido rechazada por los organizadores, que además han anunciado más protestas.
Fuente imagen de cabecera: Marcin Stepien / Agencia Gazeta, via Reuters
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