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Lo que oculta China: Xinjiang, ¿campos de reeducación?

Los campos de internamiento suenan mucho a siglo pasado, a la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a día de hoy aún existen algunos de estos campos en diferentes lugares del mundo. En Xinjiang, región de China, se internan a musulmanes uigures para combatir el supuesto extremismo existente en la población

China es el país con el mayor número de población en todo el mundo. En él se encuentra Xinjiang, una Región Autónoma situada en el noroeste del país que compone su subdivisión administrativa más extensa con 1.600.000 km2. Aquí vive una de las minorías étnicas reconocidas oficialmente por Pekín: los uigures. Se caracterizan por profesar la religión musulmana, tener un idioma propio perteneciente al túrquico de las lenguas altaicas y por ser considerados el grupo nativo de Xinjiang.

De izquierda a derecha, niños en el comedor del campo, adultos en fila en el patio y mapa con los distintos centros de reeducación en la región de Xinjiang. Fuente: infobae.com y Wikipedia

A inicios del siglo XX los uigures declararon una independencia que no duró demasiado, pues desde 1949 Xinjiang queda subordinada al poder del Gobierno chino, que al inicio muestra respeto por la cultura que desde varios siglos atrás se asentaba en el territorio. Sin embargo, con el paso de las décadas esta tolerancia se fue perdiendo, generando tensiones constantes entre la población uigur y la china. La represión del gobierno central hacia los uigures fue aumentando, hasta el punto de que en la década de los noventa se difundieron ideas que relacionaban el secesionismo de los uigures con el terrorismo islamista. Esta represión no pudo evitar enfrentamientos entre ambos bandos, ocurridos en 2008, unos meses antes de la celebración de los JJ. OO. en Pekín y en 2009, con una brutal lucha armada en la que murieron 200 personas y resultaron heridas 1.700. Estos enfrentamientos se han ido sucediendo, intercalando épocas de relativa paz y épocas de mayor tensión.

La acusación de China es tal que asegura que los uigures conspiran para poner bombas y realizar sabotajes, comparando la región como «la Siria de China». Además, la etnia china se ha apropiado de la región y de la actividad económica de la misma, dejando a muchos uigures sin empleo y confiscando sus tierras de cultivo para urbanizarlas.

La filtración del Partido Comunista Chino

En diciembre de 2019, se produjo una gran filtración de documentos gubernamentales desde el interior del Partido comunista chino. De esta manera, The New York Times publicaba 403 páginas en las que se revelaban que bajo las órdenes del presidente chino, Xi Jinping, se estaba realizando una fuerte campaña de represión en Xinjiang. Además, días más tarde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) demostraba que se estaba adoctrinando a la minoría uigur en unos «campos de reeducación».

Según informes oficiales, estos campos funcionan fuera del sistema legal, pues muchos uigures han sido internados sin juicio o cargos presentados contra ellos de manera previa. El propósito con el que retienen a los miembros de estas minorías es combatir ese extremismo y supuesto terrorismo con el que se relacionan. Se promocionan como campos con fines de reeducación, escuelas del partido comunista u ordinarias. Sin embargo, en unos vídeos publicados por la revista Bitter Winter puede observarse que las instalaciones se asemejan más a una cárcel que a una escuela. Los uigures viven vigilados por las fuerzas armadas o la policía especial, con torres de vigilancia y puertas del tipo de una prisión.

Imágenes de los campos de Xinjiang. Fuente: Youtube / La Gran Época

Más de un millón de uigures ha sido internados en alguno de los campamentos que forman estos campos de reeducación, que ascienden, según fuentes oficiales como la agencia Reuters o la Fundación Jamestown, al menos a 78 centros.

Calificación de genocidio y el papel de la ONU

En julio de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU firmó, junto a 22 países, entre ellos Reino Unido, Canadá, España o Francia, una carta en la que se instaba a China a cerrar los campos de Xinjiang. En contraposición, 37 estados firmaron una contra-carta que apoya la política que ejerce el Gobierno chino en Xinjiang, entre ellos Rusia, Siria, Corea del Norte o Sudán.

A inicios de 2021, el Newlines Institute for Strategy and Policy, organización formada por expertos no partidistas, publicó un documento en el que se destacaba la «responsabilidad de China de cometer genocidio en su trato a los uigures en la región de Xinjiang».

Fuente: Cuenta de Twitter (@NewlinesInst)

En determinado informe, se afirma que China ha violado todos los actos prohibidos recogidos en la Convención sobre el genocidio emitida por la ONU en 1948. “Las personas y entidades que perpetran los actos de genocidio arriba indicados son todos agentes u órganos estatales, que actúan bajo el control efectivo del Estado, que manifiestan una intención de destruir a los uigures como grupo en el sentido del artículo II de la Convención sobre el Genocidio» publica el informe.

Actualmente, el Partido Comunista chino niega los abusos contra la población uigur. Su ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, afirmó el 7 de marzo que las acusaciones de genocidio son absurdas y sin fundamento. “Tales acusaciones incendiarias se montan por ignorancia y prejuicio, son simplemente exageraciones maliciosas y políticamente impulsadas y no podrían estar más lejos de la verdad”.

Además, Wang realizaba una invitación a la ONU para que comprobasen de primera mano que no se están ejerciendo abusos contra la minoría étnica, algo que dista de lo que muchos uigures que han logrado escapar de estos campos de reeducación declaran. Jarkenbek Otan, superviviente de uno de estos campos, declara que «piensan que tienes algo que no funciona en tu cabeza, te envían a un centro para arreglarlo, para transformarte«. La peor parte se la llevan las mujeres, que son violadas por uno o varios hombres casi a diario. Incluso algunos reclusos son obligados a participar de los malos tratos y violaciones por parte de los policías. Otra víctima declara a la BBC: «No puedes contarle a nadie lo que pasó, solo puedes recostarte en silencio. Está diseñado para destruir el espíritu de todos».

Los Franco devuelven su pazo «regalado» al Estado

El 10 de diciembre la familia Franco entregó las llaves del Pazo de Meirás que pasó a ser Patrimonio del Estado. Se encontraba en sus manos porque en 1938, Francisco Franco lo aceptó como regalo. Sin embargo, la naturaleza de esta donación es dudosa, algo que ha desencadenado años de investigación y vigilancia para reclamar su reversión a lo público.

Los pazos son un tipo de casa solariega tradicional gallega de carácter señorial, cuyo origen se encuentra en los castillos medievales —de hecho, la palabra portuguesa, lengua cercana al gallego, para decir “palacio” es paço. Muchos estudiosos apuntan que consistían en antiguas torres que serían ampliadas para crear ambientes más confortables en la época moderna. De este modo, cobraron gran importancia entre los siglos XVII y XIX y, con el tiempo, se fueron convirtiendo en una marca social y un refugio para la nobleza.

Todo esto recuerda a relatos fantásticos del arcaico mundo medieval. Sin embargo, en pleno siglo XXI, uno de los pazos más importantes debido a su fuerte carga histórica ha estado en manos de una familia española muy famosa: la familia del dictador Francisco Franco. Se trata del Pazo de Meirás, situado en Sadas, municipio de la provincia A Coruña, Galicia, y cuya construcción fue emprendida en 1893 por la célebre escritora Emilia Pardo Bazán.

Fachada del Pazo de Meirás en Sada (Galicia). Fuente: Europa Press.

A la muerte de la literata gallega, le sucede la de su hija Carmen. Y, posteriormente, el asesinato de su hijo Jaime. Su legado quedó en manos de su hija Blanca, con cuya muerte se extinguió la familia al no tener descendencia. Perteneció también a la viuda de Jaime, Manuela Esteban-Collantes y Sandoval.

En 1938, durante la Guerra Civil, este pazo fue «donado» a Franco. Aunque realmente no fue así: el 3 de marzo de 1938 se creó la ‘Junta pro Pazo del Caudillo’, compuesta por el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña para adquirir un inmueble de gran importancia histórica y ponerlo a disposición de Franco, quien lo utilizó como residencia veraniega. La compra se realizó en agosto por dicha Junta a un precio de 406.346 pesetas —2,442€— a la viuda de Jaime Quiroga de Pardo Bazán, Manuela Esteban-Collantes. Tras la venta, la hija y heredera de Emilia Pardo Bazán, Blanca, no pudo entrar jamás. Intentó, en vano, recuperar su patrimonio ya que no solo se vendió el pazo, sino todo su inmobiliario, el legado de la escritora y unas 3 hectáreas del terreno.

La organización recolectó aportaciones económicas procedentes de administraciones, de fondos públicos, reteniendo salarios a funcionarios o mediante donaciones de particulares para la reconstrucción y adquisición de dicha finca. Estas procedían de la caridad de los ciudadanos que eran visitados por las patrullas falangistas en plena época de guerra y represión.

Documento conservado por la familia de Melchora Ferro que acredita cómo se gestó la obligación a contribuir económicamente. Fuente: Cadena Ser.

El archivo firmado por Franco ha sido esencial en la vertebración del informe de la Diputación de A Coruña para reclamar la devolución del inmueble. La batalla ha sido larga: en 2008, a pesar de la oposición de los herederos de la familia Franco, el Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural. Sus puertas no se abrieron hasta 2011, y durante estos años, en ocasiones no se pudieron realizar visitas.

En 2017 aumentaron las peticiones populares e institucionales para devolver el pazo al patrimonio público. En este mismo año, la Junta de Galicia creó una comisión para investigar si hubo vicios ocultos. El escrito mencionado se convirtió en su eje argumental, ya que se descubrió que había desaparecido del archivo provincial.

Gente esperando el paso de Franco en Santiago, 5 de diciembre de 1938. Fuente: elDiario.es

Por otro lado, conviene abordar la cuestión con una mirada jurídica. La ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 dicta que todo tipo de patrimonio histórico debe ser protegido. Según Patrimonio Inteligente, “estos bienes (…) que por su relevancia social e histórica y su singularidad necesitan protección, son declarados Bienes de Interés Cultural”.

Cuando un bien es declarado BIC, la administración pública municipal a la que pertenece debe establecer una estrategia de protección para su conservación. “Toda intervención, obra, o despliegue urbanístico que se realice alrededor del BIC y que pueda afectar a su estado de conservación, queda prohibido. Del mismo modo, ningún BIC puede ser vendido, aunque este pertenezca a una persona física, sin pedir permiso expreso a la administración”.

Si bien tras su supuesta donación no había sido declarado aún de manera oficial como BIC, la importancia que tenía era evidente. Aun así, el dictador y su familia realizaron cambios. Expropiaron fincas cercanas a los vecinos y ampliaron la carretera para facilitar el acceso a la provincia aumentando su terreno de 3 a 6,6 hectáreas, entre otras reformas. No pasó tampoco desapercibido el incendio de causa desconocida en el edificio en 1978. Entre las teorías desatadas, no se descarta que la familia se llevara bienes de gran valor artístico. Además, muchas obras fueron destruidas.

Soldados vaciando la biblioteca del pazo en el incendio. Fuente: La Voz de Galicia.

Se conoce también el incumplimiento de apertura al público los meses de agosto de 2014 y 2015, aunque no fue hasta 2017 cuando los multaron. No siendo suficiente, en 2018 Carmen Franco —hija única de Franco— puso en venta la propiedad por 8 millones de euros. Es curioso cómo, en contraste con la definición de BIC, la descendencia del dictador viola cada disposición dictada para su protección y conservación.

Recapitulando, en 2019 se acordó aceptar las solicitudes de la Junta de Galicia y del Ayuntamiento de Sada para intervenir en este proceso iniciado por el Estado. Fue en septiembre de 2020 cuando el Juzgado de Primera Instancia Nº.1 de A Coruña declaró en su sentencia la “nulidad de la donación efectuada al autoproclamado jefe del Estado”. Fue así como se produjo la reversión de propiedad del pazo, no sin la petición de la familia Franco de vaciar el inmueble, posibilidad que la jueza Marta Canales Gantes denegó. Finalmente, la entrega de llaves tuvo fecha el 10 de diciembre de 2020.
De derecha a izquierda. Consuelo Castro, abogada general del Estado, entrega la llave del Pazo de Meirás a Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda. Fuente: El País.

El 9 de diciembre, día previo a la entrega de la propiedad, Carmen Calvo agradeció su devolución en una reunión con las administraciones implicadas en el asunto. En su discurso explicó por qué el pazo es un Bien de Interés Cultural. No se ajustó solo a lo evidente, es decir, el mobiliario y legado de la novelista como la extensión del terreno. También mencionó que en ese lugar se celebró el Consejo de Ministros en algunas ocasiones, algo que lo dota de significado para la Memoria de España.

La vicepresidenta del Gobierno de España continuó su discurso insistiendo en estas ideas. “Antes que el paso de Franco por el Pazo de Meirás está el recuerdo, la estancia y el significado que tiene este lugar para la memoria y la reivindicación de la aportación de Emilia Pardo Bazán a las letras españolas desde Galicia”, decía.

Intervención de la vicepresidenta Carmen Calvo en la Delegación del Gobierno, A Coruña, miércoles 9 de diciembre de 2020. Fuente: Europa Press.

Las palabras de Carmen resumen el desenlace exitoso de esta problemática. La visita al pazo debe ser desde “el relato de la memoria democrática y para que (…) tracemos un futuro en el Pazo de Meirás vinculado a la libertad, a la igualdad entre hombres y mujeres, (…) a las grandes aportaciones que Doña Emilia hizo a las letras españolas y por tanto mirando también a un futuro que nos construya culturalmente”.

En definitiva, una propiedad de todos y que otorga riqueza cultural al Estado de ninguna manera debe reducirse al ámbito privado ni mucho menos puede concebirse como factor nostálgico del franquismo. Por fin, en 2020, las Torres de Meirás se convierten en símbolo de la cultura y el progreso, a los que todos los ciudadanos podemos acceder.