Los miembros del gobierno de coalición presentan una nueva proposición de ley y presionan al PP en la negociación
Los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos han presentado en el día de hoy una proposición de ley conjunta en el Congreso de los Diputados para limitar la capacidad de acción y de nombramientos, sobre todo, del Consejo General del Poder Judicial que es el órgano que, además, vela por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado.
Desde hace justamente dos años, este órgano se encuentra bloqueado en su renovación impuesta por el PP. De hecho, las presiones al Partido Popular en esta negociación no cesan, y el objetivo es poder llevar esta propuesta a pleno parlamentario el 15 de diciembre, el último antes de las fiestas navideñas. Mientras tanto, la proposición se centra en un aspecto específico del funcionamiento que se encuentra en situación de prórroga a la espera de un pacto de renovación con el partido de Pablo Casado o, por el contrario, de activar el proyecto de ley más amplio de reforma que Sánchez paralizó hace un mes para intentar hacer aproximaciones con Casado.
Lo que no se aborda en esta proposición es el intento de cambiar el método de elección del Poder Judicial que, sin embargo, sí se encuentra reflejado en la ley exprés planteada el pasado octubre por los dos socios de gobierno. Aquella reforma sí permitiría aprobar la renovación de los doce vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría absoluta del Congreso, 176 votos, frente a las tres quintas partes necesarias hasta ahora, 210 votos. De esta manera, la mayoría absoluta conservadora del CGPJ sería cambiada después de estar vigente desde hace siete años, concretamente, durante el gobierno del ex Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La explicación de PSOE y UP señala la «limitación de las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato”. Detallan que en situaciones como la actual, con un Consejo que tendría que haberse renovado hace dos años tras cumplir su mandato de cinco años, no debería poder nombrarse al presidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de las audiencias, a los representantes de los tribunales superiores de justicia y de la Audiencia Nacional, a los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o a los magistrados del Tribunal Constitucional.
Carlos Lesmes, actual presidente del Poder Judicial, ha tenido que reclamar en diferentes ocasiones a los partidos políticos y a las presidentas del Congreso y del Senado la necesidad inmediata de comenzar a la renovación del CGPJ. Además, durante estos meses, ha planteado nuevos nombramientos importantes para varios tribunales, incluido el Supremo.
Unidas Podemos calificó ayer esos nombramientos, durante una sesión en el Congreso, de “ilegítimos y manchados de ilegalidad” y reprochó al Tribunal Supremo que no hubiera reconsiderado ya la situación de los presos independentistas condenados. Unidas Podemos propone que deberían poder salir libres antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero, o bien por la vía de los indultos que debe aprobar el Consejo de Ministros o por la de la revisión de penas al rebajar las condenas por sedición con una reforma del Código Penal.
Voz Nueva 