El partido de Pablo Iglesias exige la prohibición de cortes de luz, agua y gas a las familias en situación de vulnerabilidad.
La formación morada pone sobre la mesa la prohibición de cortes de luz, agua y gas a las familias en situación de vulnerabilidad. Por ello, plantean hacer obligatorio que las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas deban solicitar a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte para comprobar si la familia está realmente en una situación de vulnerabilidad.
Unidas Podemos señala a Teresa Ribera, vicepresidente socialista y ministra de Transición Ecológica, como el freno para prohibir que se pueda cortar el agua, la luz o el gas a personas vulnerables mientras dure el estado de alarma. En los últimos días, el factor económico ha provocado que haya discrepancias entre los dos partidos en el gobierno en materia de desahucios, pensiones, cortes de suministros esenciales o salario mínimo.
Esta medida ha generado tensión en la coalición desde hace varios meses. De hecho, la falta de entendimiento entre el PSOE y Unidas Podemos la dejó fuera de la última renovación, a finales de septiembre, del llamado «escudo social». La intención de los ministros de Unidas Podemos era integrar esta prohibición en el decreto-ley para poder paralizar los desahucios, sin embargo, el sector socialista no lo contempló. La negociación se derivó entonces a Transición Ecológica, con quien, hasta la fecha, no hay entendimiento pese a llevar varios días dialogando.
Fuentes cercanas al departamento de Transición Ecológica han informado que ya se está trabajando tanto en una nueva disposición para poder garantizar un suministro eléctrico a los consumidores de condición más vulnerable como en otra para añadir al decreto la prohibición de desahucios.
De forma concreta, la nueva disposición que plantea el departamento de Ribera es que durante los cuatros meses siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores de condición vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social —definidas en el Real Decreto del 6 de octubre dónde se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas para proteger a los consumidores domésticos.
Esta medida se aplicará de igual manera a los consumidores que no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro de electricidad cumplan, sin embargo, con los requisitos para ser consumidor vulnerable o vulnerable severo —acreditados previamente por los servicios sociales.
El pasado martes, María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, aseguró que «en breve habrá una disposición adicional incorporada a algún decreto ley o alguna de las leyes para prohibir esos cortes» y ha reivindicado que ya desde el departamento de Ribera se han promovido disposiciones para proteger a este colectivo vulnerable durante el estado de alarma.
En la otra parte, Unidas Podemos ve insuficiente la propuesta de Ribera: exigen que se añada también el agua y el gas. Los dirigentes de la formación morada afirman que es necesario el suministro de agua como medida de higiene contra la COVID-19 o, que en este invierno, se pueda dejar a personas sin recursos faltos de calefacción. Desde Unidas Podemos consideran «imprescindible» que las grandes empresas energéticas del país «con beneficios millonarios, arrimen el hombro en plena pandemia y se corresponsabilicen de la garantía de los derechos humanos dado que obtienen beneficio de comercializar un bien de primera necesidad».
Voz Nueva 